La represión contra personas sin hogar está aumentando en todas partes. Fondos destinados a la vivienda para gente necesitada—por lo cual se votó—financian el acoso policial y la destrucción de comunidades de carpas donde la gente sin hogar busca refugio y protección mutua. En vez de albergar gente sin techo y facilitar servicios de apoyo, las autoridades instalan unas casuchas—las llamadas “casas diminutivas” (en el mejor de los casos)—generalmente lejos de los locales de servicio, como pretexto para allanar los campamentos. O la acorralan en masa en refugios peligrosos, muchas veces en una carpa grande abarrotada de catres y rodeada de una cerca de alambre de púas.
En Sacramento, CA, la ciudad hace redadas contra multiples campamentos de tres a cinco mil personas, a pesar de que los centros de refugio están completamente llenos. Crystal Sánchez (Unión de Personas Sin Hogar, Sacramento) informa que en una redada “desalojaron a un veterano militar de 87 años, confiscándole su RV. Lo dejaron en una silla con lo que podía cargar”. Recientemente, un juez federal ordenó la suspensión del desalojo de un campamento en Oakland, CA, con varios centenares de personas en carpas y estructuras improvisadas. Representa sólo uno de por lo menos cien campamentos en esta ciudad gentrificada que ha visto mucha organización y resistencia, desde la organización de campamientos en centros cívicos hasta ocupaciones de viviendas.
Se calcula que hay unas 70,000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles y 40,000 en la ciudad misma, muchas en “Skid Row” en el pleno centro de Los Ángeles. Allí la notoria policía municipal hostiga y maltrata a los que viven en la calle y en tiendas. Hace poco allanaron y arrasaron una franja de dos millas de tiendas a lo largo de Venice Beach, aunque algunas de las personas viviendo en tiendas eran vendedores en el popular malecón.
El dos de agosto el Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó una enmienda al código actual que, según Servicios, No Redadas, “incrementa mucho el número de lugares que criminaliza vivir sin hogar. La adicional criminalización y negación de los espacios públicos disponibles (a menudo cerca de los servicios de apoyo) no impacta a la carencia de vivienda, sino a los desalojados.” Según un estimado, estas restricciones cubrirían hasta una quinta parte de la ciudad, haciéndole la vida aún más miserable a la gente sin hogar en vez de satisfacer ni una sola de sus necesidades. Una amplia coalición de grupos está organizando la resistencia a estas crueles e ineficaces leyes, exigiendo que en vez de atacar a la gente el gobierno le provea vivienda.
Criminalizado hasta a muerte
Recientemente, las brutales olas de calor por todo el país (y todo el planeta) le ha costado la vida a un sinnúmero de víctimas sin refugio. En Phoenix, Arizona, “dos terceras partes de las muertes eran de personas viviendo sin protección en el árido desierto donde la temperatura asciende a tres dígitos” (Associated Press). Y durante un reciente invierno frígido en Denver, Colorado, expulsaron a las personas que habían montado sus tiendas de campaña cerca del centro, varias de ellas muriendo a la intemperie al lado del río adonde se habían retirado.
Más recientemente, el estado de Tennessee aprobó una ley declarando delito el acampar “sin permiso” en propiedad del gobierno. La primera detención que hubo bajo esta ley fue la de una mujer de Knoxville de 32 años de edad, Cynthia Dawn Rose, arrestada por acampar bajo un puente. Como evidencia del delito, la policía señaló “almohadas y mantas”. Mientras ésta echaba a otra gente, Rose se negó a irse diciendo que lo haría “cuando hubiera a dónde ir”. Esta ley despiadada, impuesta a la gente de Tennessee por legisladores republicanos, es tan extrema y viola tanto los derechos básicos que provoca indignación, hasta de los gobiernos municipales locales.
Esto muestra el nivel de criminalización de personas cuyo único “crimen” es no poder pagar por un hogar. Se ha calculado que una persona trabajando a tiempo completo tendría que ganar más de $20 la hora para costear un apartamento de un dormitorio en cualquier parte de EE.UU., donde el salario mínimo federal se ha quedado en la ridícula suma de $7.25 la hora por más de una década. Muchas personas sin hogar tienen uno o dos empleos con pocas posibilidades de escapar de su situación. Sufren hombres, mujeres y niños, gente soltera, veteranos y familias y estudiantes de todas las edades. En este último año, el alquiler ha aumentado en todas partes, en algunas ciudades hasta un 40%.
Mientras nuevas variantes de la pandemia afectan a la gente con desigual ferocidad (junto con la inflación, los alquileres por las nubes, la pérdida del trabajo por todo esto y el reemplazo permanente de trabajadores por la automatización, los algoritmos y la inteligencia artificial), la creciente inestabilidad económica y social está desgarrando de arriba abajo la estructura social. La realidad del creciente número de personas que han perdido sus casas, o que pronto las perderán, choca con la financialización extrema de la vivienda y el alquiler y el aumento del costo de la vida.
La gente se organiza en contra de los ataques
El debate sobre la carencia de hogar—que lleva décadas—está requetecandente. Los defensores de la propiedad de bienes raíces alegan insistentemente que los responsables son la gente mala: usuarios de drogas, enfermos mentales, los perezosos o criminales. Pero hay millones que no se comen este cuento y luchan por medio de organizaciones de personas sin hogar y de inquilinos, uniones, grupos comunitarios, coaliciones y, especialmente, de votantes.
Estas grupos incluyen Servicios, No Redadas en Los Ángeles, Nuestro Reno, Denver Out Loud, “Primero vinieron por los sin techos” en San Francisco, Moms 4 Housing en Oakland y los locales de la Unión de Personas Sin Techo por todo el país, además de organizaciones en Boston, Chicago, Miami, Atlanta, Kansas City y en otros lugares, desde ciudades a pueblos pequeños.
Hace dos años en Oakland, Moms 4 Housing organizó la toma de una casa embargada de uno de los especuladores de bienes raíces más grandes del país. Describiéndose como “un colectivo de madres sin hogar o viviendo en áreas marginales”, se metieron en la casa con sus hijos y con el apoyo de la comunidad circundante. Carroll Fife, una de las madres que organizaron la acción, que ha servido de modelo en todo el país, se postuló como candidata al Consejo Municipal de Oakland y le ganó al concejal en la elección. Su agenda incluye una iniciativa para la papeleta de noviembre que crearía 13,000 unidades de vivienda asequible.
Al verse más gente trabajadora en situaciones difíciles e incapaz de pagar por un hogar, este problema de derechos humanos se ha vuelto no sólo una cuestión de compasión sino una de interés personal para todos. Todos tenemos el derecho de acceso a lo esencial para sobrevivir y prosperar, podamos o no costearlo. Esto significa que el gobierno tiene que financiarlo y construir suficiente vivienda de bajo o ningún costo para satisfacer las necesidades de todos, y hay que hacer responsables a nuestros funcionarios electos de servir a todo el pueblo.
Mucha gente de todos los sectores de la sociedad está pidiendo que se ponga un alto a los ataques contra las personas sin hogar y que se les provea vivienda. Comprenden que esta es a la vez una lucha ética y también práctica, que todos corremos peligro, no sólo materialmente sino moral y espiritualmente, a menos que nos organicemos para acabar con el desamparo. Esto requiere una transformación social a un orden cooperativo, o sea socialista, en que la vivienda y todo lo esencial para vivir sea un derecho garantizado.
septiembre/octubre 2022. vol.32. Ed5
Este artículo originó en Rally, camaradas!
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