Hace más de un año, un público sin mascarilla veía, aturdido, los anaqueles de los supermercados vacíos. Se empezó a cuestionar la comercialización de las relaciones y necesidades humanas cuando de momento había millones sin trabajo demandando acceso a alimentos y cuidado médico, vivienda para los desamparados, la suspensión de evicciones y los cortes del agua y la cancelación del pago de deudas. Las condiciones peligrosas requerían liberar presos y cerrar los centros de detención de ICE.
La necesidad a nivel global de colaborar, coordinar y administrar los bienes y servicios en base a la necesidad impulsó el desafío revolucionario del papel que desempeña el gobierno. La administración de Trump encabezó la embestida global contra esas esperanzas, ignorando la evidencia científica, protegiendo a toda costa la seguridad del capital transnacional y respaldando la supremacía de los blancos y su nacionalismo racista.
Un año después, a pesar de un cambio en la retórica del gobierno y algunas medidas de “ayuda” temporales, los organismos gubernamentales siguen incapaces de mantener una recuperación equitativa. Para seguir adelante, hay que pedir cuentas a los responsables de cientos de miles de muertes, negándose a distribuir recursos necesarios, canalizando fondos a corporaciones, mintiendo y ocultando información indispensable, perjudicando más a las comunidades afroamericanas, hispanas e indígenas. La revelación tardía de la verdad por la Dr. Deborah Birx, encargada en la Casa Blanca de manejar la crisis, muestra la depravación de las medidas gubernamentales: “Hubo unas cien mil muertes en la primera oleada. Para mí, las demás, pudiera haberse evitado o reducido bastante”.
Las raíces de desigualdad en el sistema médico de EE.UU.
No es sólo que EE.UU. gasta menos del 3% de los $3.6 trillones destinados a la atención médica en medidas de salud pública. Es la incompatibilidad inherente de un sistema de salud privado en medio de una pandemia pública. Hasta la palabra “recuperación” de la sociedad (“recuperar la salud”) es inadecuada en estos tiempos de creciente y extrema polarización entre riqueza y pobreza. Fue, en primer lugar, la privatización corporativa sobre las decisiones y de las cadenas de distribución que causó esta pandemia.
Un cuadro del sistema médico del Sur de EE.UU. nos muestra todo un mundo de dolor. Antes de la pandemia, los sureños representaban más del 30% de todas las muertes evitables debido al cáncer, enfermedades del corazón o los pulmones y derrames cerebrales. El 60% de los cierres de hospitales rurales y la mitad de los cierres de clínicas subvencionadas por el gobierno federal están en el Sur. El 92% de la gente no cubierta con la expansión de Medicaid se encuentra en estados sureños. De los diez estados con las más altas tasas de mortalidad maternal, cinco son del Sur. Las mujeres afroamericanas mueren a un ritmo 3 a 4 veces mayor que las mujeres blancas.
La supremacía blanca inherente en el fracturado sistema médico tiene sus raíces, en primer lugar, en la atroz “cría” de mujeres esclavas como mano de obra y luego, escribe Harriet Washington, “para 1941, se había esterilizado obligatoriamente de 70,000 a 100,000 norteamericanas”, mayormente mujeres de color, al rendirse superfluo su trabajo por la mecanización industrial de los campos agrícolas y las fábricas. El sistema médico público ha servido al capitalismo antes y después de la esclavitud.
Con la pandemia del coronavirus, los trabajadores se volvieron a la vez imprescindibles y dispensables. El daño fue aun más cruel para el personal de salud, sufriendo más de 3,600 muertes documentadas, dos terceras partes de las cuales eran de mujeres de color, muchas de ellas inmigrantes de primera generación. Sufriendo desproporcionadamente del desempleo y empleos de primera línea con bajos ingresos, la mujer está inmersa en el torbellino de disparidades extremas que traen la explotación y la opresión basadas en raza, clase social y género. Además, es responsable desproporcionadamente por la educación en línea de sus hijos y de proteger a sus padres mayores de la enfermedad y la muerte. La exposición a los virus y la esterilización sin consentimiento de mujeres inmigrantes en el Georiga Irwin County ICE Detention Center pone de relieve lo poco que ha cambiado.
Distribución de Vacunas
El horrendo costo de la pandemia en EE.UU., con menos de 4% de la población mundial pero el 25% de los casos, va aun más allá. La falta de acceso a la vacuna globalmente es un llamamiento para un nuevo mundo, ambos posible y necesario. Los países de altos ingresos, representando 1/5 parte de la población global, son dueños de la mitad de las vacunas adquiridas. Sin ninguna intervención, podrían pasar años antes de lograrse la vacunación global, si es que se logra. La negativa a ceder patentes privadas para la vacuna es prueba del predominio de la propiedad corporativa sobre la vida misma. Sólo se ha administrado el 0.1% de la vacuna en los países de bajos ingresos. Hasta la fecha, Norteamérica y Europa han acaparado el 57% de todas las vacunaciones.
El arreglo de “vacunas por información” le permitió a Israel almacenar las vacunas e inocular rápidamente a sus ciudadanos a cambio de darle acceso a Pfizer a su gran base de datos relativos a la salud, pero se niegan a vacunar a todos los Palestinos. Mientras tanto, los países ricos y tecnológicamente avanzados discuten la posibilidad de tener “pasaportes de vacunación”. Mundialmente, los inmigrantes y refugiados enfrentan enormes obstáculos para vacunarse. La imposición a los inmigrantes del requisito de pasaportes de vacunación y las aplicaciones móviles para pasaportes dan lugar a nuevas formas de injusticia y vigilancia, y dejar los adelantos tecnológicos en manos de los dueños corporativos reafirma los privilegios de clase.
Una vez más, el sur de EE.UU. es muy revelador. En Mississippi, 40% de las muertes por COVID-19 son de personas afroamericanas, pero sólo el 29% de las vacunas son para la gente afroamericana, comparado con el 62% para los blancos. Es igual por toda la zona rural del sur.
En Alabama, una década de recortes al presupuesto de salud pública ha causado una reducción de 35% del personal en los departamentos de salud de los condados y, en consecuencia, se administra la vacuna sólo una vez a la semana. El cuento de que esto se debe a “las dudas” de la gente oculta la realidad de la supremacía blanca en el ámbito de la atención médica (falta de acceso al transporte, requisitos de hacer citas en línea—aun faltando el Internet, falta de una estructura de salud pública confiable).
La muerte por COVID-19 de la doctora afroamericana Susan Moore fue noticia difundida a nivel nacional por la forma racista en que se ignoraron sus síntomas—debido a su raza. Esta es una experiencia común para la gente de color ante “el complejo médico-industrial”. Dado los prejuicios, barreras y rechazos, un sistema de salud pública efectivo no trata sólo de vacunas, sino de una transformación total hacia información clara y precisa, transporte gratuito, cuidado a domicilio, personal de atención médica basado en la comunidad, un ambiente libre de tóxicos y la justicia deliberada.
No se puede volver a la “normalidad”
El brote de la pandemia y las revueltas del verano expusieron una creciente brecha en la sociedad. La humanidad está en un momento decisivo. El dominio de la propiedad privada, la injustica que engendra y el Estado que la sostiene no son compatibles con la supervivencia de la humanidad y el planeta. Buscamos una gobernanza en que la salud pública sea la vía a una sociedad humanitaria, no una forma de control del Estado. La normalidad que desarrollemos no se encontrará en el pasado, sino en un futuro que acoja la verdad: se trata o de todos nosotros o de nadie. AC
julio/augosto 2021. vol.31. Ed4
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