Por todo el país, hay barridas brutales de campamentos de personas sin hogar en que se arrojan carpas, mantas y pertenencias a compactadores de basura y la gente a ríos atmosféricos o tormentas de nieve con sólo la ropa que llevan puesta. Está bajo ataque la estrategia de “Housing First” (Primero la Vivienda), adoptada por prácticamente todas las agencias gubernamentales a todos los niveles desde hace más de 20 años, que proporciona hogares permanentes para personas sin techo a un alquiler de 30% de su ingreso. Ellos y sus aliados han abogado por esta razonable solución a la falta de hogar, desde que se desató la crisis en la década de 1980. Curitas como el sistema de refugios sólo reciclaban a las personas sin vivienda de un lado a otro entre los programas y la calle. Para el 2000, ya no se podía ni fingir que tales “soluciones” funcionaban. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) adoptó el programa con el respaldo de una mayoría bipartidista del Congreso, imponiéndolo a toda agencia recibiendo fondos de HUD.
Para los trabajadores sociales e individuos sin casa, Housing First era un éxito. La vivienda asequible daba resultados mucho mejores que los programas de refugio. Pero no había suficientes hogares. Como la producción digital moderna requiere menos trabajadores, el gobierno simplemente dejó de asegurar que hubiera suficientes viviendas de renta baja. Las que existían solían ser segregadas, de mala calidad, sin servicios y, a veces, plagadas de delincuencia.
La Criminalización
Por eso cuando el número de personas sin hogar siguió aumentando en los años 2010, la clase gobernante tuvo un dilema: construir la vivienda necesaria o inventarse excusas para abandonar Housing First, culpar a la propia gente sin hogar y criminalizarla. Dado que construir vivienda asequible requiere subvenciones masivas del gobierno, la clase dominante toma la decisión de rechazar Housing First y opta cada vez más por las redadas y el encarcelamiento.
Siempre se ha ilegalizado a la gente sin techo, pero negarse a siquiera probar otras alternativas lo pone en primer plano. Antes de que la pandemia lo desviara, Donald Trump pensaba llevar a cabo redadas masivas de personas sin hogar en las grandes ciudades. Nombró a Robert Marbut—notorio defensor de castigar a los pobres—como director del Consejo Interinstitucional de EE.UU. sobre Personas sin Hogar. El propagandista del Manhattan Institute Christopher Rufo (autor de la campaña contra la Teoría Crítica de la Raza) escribió un libro alegando que proporcionar vivienda no deja “desincentivar el comportamiento problemático asociado a los sin techo en la calle”. Las redadas masivas y las políticas contra los campamentos empezaron a extenderse ampliamente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Sacramento.
La Resistencia
El resultado ha sido mayor resistencia. Por todo el país, los campamentos empiezan a organizarse en comunidades autónomas. Crece el número de grupos de defensa como Los Angeles Community Action Network, dirigidos por personas actual o anteriormente sin vivienda. Jóvenes influenciados por la rebelión protestando el asesinato de George Floyd en 2020 están organizando redes de resistencia a las redadas, por ejemplo Services Not Sweeps en Los Ángeles. Y la gente sin hogar y sus aliados están eligiendo candidatos favorables a la vivienda y la abolición de la policía para el liderato de gobiernos locales.
Un ejemplo de las nuevas comunidades que surgen es Wood Street Commons (Oakland, California). Lucha contra el desalojo por parte de funcionarios municipales. “La comunidad de Wood Street es un foco de resiliencia, organizado para mantenerse mutuamente”, escriben sus líderes. “Los residentes se benefician de una mayor sensación de seguridad y de más posibilidades de recuperarse de la adicción y curarse de los traumas que en los hacinados y descuidados centros de intervención municipales. Es un refugio en que artistas y constructores exploran nuevas formas de alojar a la gente y construir bellos espacios comunes mediante infraestructuras sostenibles como la energía solar, el compost y la jardinería.”
La crisis ha desatado una encarnizada guerra de ideas. La clase dominante, con su sector inmobiliario-financiero al frente, afirma que la falta de vivienda no es un problema sistémico de vivienda, sino de gente mala: enfermos mentales que hay que encerrar en instituciones o delincuentes que se deben encarcelar. De todos modos, hay que expulsarlos de los espacios públicos. Aunque no lo admitan abiertamente, su solución preferida es, en última instancia, algún tipo de campo de internamiento en zonas remotas, como los utilizados para albergar a los japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial.
En realidad, la condición de estar sin hogar se debe a la falta (documentada) de más de 7 millones de viviendas para personas con bajos ingresos. Según un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, a cada aumento de 100 dólares en el alquiler medio le suele seguir un aumento del 9% en la tasa estimada de personas sin hogar. La clase gobernante también pretende presentar la falta de vivienda como un problema racial, diciéndoles a los blancos y latinos que los negros tienen la culpa y a los blancos y negros que los inmigrantes latinos son los culpables.
Soluciones reales
La composición real de la población sin hogar demuestra que, si bien los afroamericanos y los latinos son más vulnerables debido a la discriminación histórica, la falta de vivienda es un problema de clase que afecta a todos los que no tienen suficiente dinero para pagar el alquiler.
Más que nada, la falta de vivienda demuestra el fracaso sistémico de la actual industria de la vivienda y del sistema económico de propiedad privada que la controla. Al basarse en la tierra, la vivienda y la propiedad de la tierra esencialmente constituyen un monopolio. Como dijo una vez un famoso cómico, la tierra es una buena inversión porque “me dicen que ya no la fabrican”.
Los promotores de vivienda sólo construyen cuando suben los alquileres. Cuando la oferta hace que los alquileres disminuyan temporalmente, o incluso se estabilicen, simplemente dejan de construir. Los bancos dejan de invertir. La producción de viviendas entonces se detiene hasta que la escasez de viviendas llega al punto que los alquileres vuelven a aumentar. Es un ciclo interminable que sólo podría interrumpirse con una inversión pública masiva, algo que el gobierno actual nunca permitirá porque está controlado por los mismos banqueros y propietarios que se benefician del orden establecido. Para satisfacer las necesidades de la gente, y como derecho humano, la vivienda (y toda necesidad básica) debe ser desmercantilizada a gran escala y ofrecida a todos a costos asequibles: un hogar no debe pagar más del 30% de su ingreso.
Los revolucionarios trabajan sobre el terreno, en los campamentos, organizaciones y cooperativas. Nuestro papel es ayudar a la clase desposeída a convertirse en una fuerza políticamente unificada capaz, en última instancia, de arrebatarles el gobierno a las corporaciones y entregárselo al pueblo. Significa luchar contra la Ordenanza Municipal 41.18 en Los Ángeles y contra las barridas del alcalde Eric Adams en Nueva York. Ya existen colectivos de revolucionarios en este movimiento en ciudades y comunidades de todo el país. El camino a seguir es entretejer estas redes y lograr el poder necesario para ponerle fin a la criminalización y distribuir las necesidades básicas según las necesidades humanas, no el beneficio privado.
Mayo/Junio 2023 Vol33. Ed3
Este artículo se originó en ¡Agrupémonos!
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