Crédito: Shutterstock/Audley C. Bullock
Por el Comité Nacional sobre Vivienda e Indigencia de la Liga
Junto con el plan de deportación masiva de Trump, se está llevando a cabo una campaña más amplia para envilecer y atacar a los inquilinos de bajos ingresos y a las personas sin viviendas como la “clase parásita”, tanto por los republicanos como por los demócratas que están a favor de las corporaciones. Este es otro pilar más de la dictadura fascista que se está estableciendo actualmente. Sin embargo, al igual que las redadas contra los inmigrantes, la cruzada contra las viviendas está chocando contra una fuerte roca resistente. La gente se está uniendo en defensa de su humanidad, de su valor y de sus derechos humanos.
Las personas sin un techo constituyen la punta de la lanza del movimiento por la vivienda. Su resistencia contra la represión de diversos gobernadores y alcaldes demócratas es tan importante para la causa antifascista como lo son las manifestaciones masivas contra los republicanos Trump y Musk.
Una insurgencia sin vivienda
En Oakland, California, cuando las autoridades locales “barrieron” (desalojaron forzosamente de lugares públicos a personas indigentes) la comunidad de Wood Street Commons en 2023, estas afirmaron que el albergue alternativo de “Wood Street Cabins” (Cabinas de la Calle Wood) daría origen a la disponibilidad de viviendas permanentes. Pero ahora, después de dos años de vivir en lugares con cocinas y baños rotos, con moho, lidiando con un personal abusivo y con muy pocas oportunidades de transición a una vivienda permanente, las autoridades municipales están tomando acciones para cerrar estas cabinas y obligar a la gente a vivir nuevamente en la calle.
Resistiendo esto, la comunidad de Wood Street Commons, la Unión contra la Indigencia en Oakland y la publicación llamada POOR Magazine están luchando por una “comunidad santuario autogobernada, en la que a los residentes se les garantice la seguridad de la tenencia y cuenten con servicios integrales”, hasta que reciban una vivienda permanente con apoyo. Los esfuerzos para organizar un amplio apoyo proveniente de la clase trabajadora a diversas exigencias concretas, como las de Wood Street Commons, representa una vía muy importante para resistirse al autoritarismo.
En la cercana ciudad de San José, el alcalde Matt Mahan presentó recientemente un presupuesto que eliminaría las futuras viviendas asequibles financiadas por la ciudad y arrestaría a cualquier persona sin vivienda que rechace tres veces una oferta de alojamiento en un albergue, a pesar de que San José tiene una escasez de más de 3.000 espacios en los albergues existentes. Supuestamente, la idea es obligar a las personas a aceptar servicios de salud mental o de abuso de sustancias, pero en realidad, estos servicios no existen o pronto se recortarán sus presupuestos. El verdadero propósito de esto es desviar la culpabilidad de las autoridades locales por no proveer viviendas. El pasado 18 de marzo, las personas sin viviendas y la gente que las apoya mostraron una feroz resistencia, al organizar a cientos de personas para asistir a una manifestación y testificar contra esa propuesta.
Soluciones, no castigos
Un miembro del Grupo de Respuesta de las Personas sin Vivienda (URG, por sus siglas en inglés), en San José, pidió lo siguiente: “Detengan todas las actividades de desalojo forzoso. Designen áreas de uso público que cuente con servicios básicos de sobrevivencia (como acceso al agua, higiene, alimentos, transporte, etc.). Las limpiezas pueden hacerse sin “barrer” a la gente. El desplazamiento de personas, el hecho de quitarles sus efectos personales y la destrucción de sus albergues improvisados son acciones peligrosas y las dejan aún más vulnerables a morir por estar expuestas sin protección, por agotamiento o por una sobredosis al desesperarse”.
“Rechacé una vivienda porque no se ajustaba a mi situación. Obligarme a ir a la cárcel o a rehabilitación es totalmente inadecuado para mí y para muchas otras personas que rechazan ofertas poco viables de albergue o de vivienda… Muchos indigentes han perdido parte del tiempo que usan para su propia sobrevivencia diaria, se han esforzado por obtener constancias de nacimiento o documentos de identidad, han sido interrogados con preguntas personales invasivas, han debido hacer trámites de documentos sumamente largos, han abandonado sus campamentos para hacer fila para recibir servicios, se han inscrito en listas de espera que duran meses o años, han aceptado ayuda, han acudido a albergues bajo una administración terrible y con un personal racista y, en última instancia, todavía siguen sin viviendas tras caer en falsas esperanzas y promesas”.
Mientras los gobiernos estatales y locales colaboran para criminalizar a las personas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) está tomando acciones en Washington para atacar y abolir por completo las viviendas asequibles, como parte de su esfuerzo para depurar y eliminar cada aspecto del gobierno que no esté al servicio de las ganancias de las corporaciones. Según lo señaló el noticiero CBS News, la administración de Trump está elaborando “un nuevo enfoque para sacar a los indigentes de las calles, enviando por la fuerza a las personas que viven a la intemperie a grandes campamentos, mientras que, al mismo tiempo, ordena tratamientos de salud mental y adicción… solo con el propósito reintegrarlos a la sociedad, una vez que estén lo suficientemente bien como para arreglárselas solas”.
Pero si no se pone fin a esta situación, no habrá viviendas asequibles que estén disponibles para que las personas puedan realmente reintegrarse. El sector privado de vivienda con fines de lucro simplemente dejará de construir casas hasta que pueda seguir subiendo los alquileres. Se enviará a las personas sin vivienda a prisiones o a campos rudimentarios y permanentes de internamiento, al estilo de los que había durante la Guerra Mudial para enviar a estadounidenses de origen japonés. Aunque el gobierno de Estados Unidos siempre ha servido muy mal a la clase trabajadora, la creciente eliminación de la democracia es un intento para evitar que esta clase se organice para hacer que no les sirva en lo absoluto. A los pobres no les queda otra opción más que luchar.
La satisfacción de las necesidades humanas
Ninguno de estos horrores de la clase gobernante es inevitable. Ya ha venido en aumento la resistencia mostrada a los desalojos en Oakland, a los arrestos en San José y a los ataques del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Somos cientos de millones más que ellos. A medida que vamos luchando, empezamos a comprender que el sistema de vivienda basado en las ganancias corporativas puede y debe abolirse, y se debe reemplazar con uno de viviendas sociales con base en la satisfacción de las necesidades humanas, en lugar de los beneficios financieros de los inversionistas. La crisis de vivienda es solo un aspecto de la crisis general del sistema de la propiedad privada. Lo que hace falta es el poder político de la clase trabajadora que sea necesario para derrocar ese sistema y establecer uno nuevo, uno que se dedique a ofrecernos vida, alimentos, agua, vivienda, educación, trabajo, salud y seguridad para todos.
El movimiento que exige viviendas como un derecho humano será esencial para construir ese poder. Este movimiento puede cambiar todo el discurso en torno a una solución a la falta de vivienda (la respuesta es contar con viviendas, no tener castigos). El movimiento puede desarrollar poder cuando crea unidad entre las personas sin un techo, los inquilinos, los propietarios con muchas cargas económicas, las comunidades y las personas con conciencia, lo que incluye una unidad por encima de las diferencias del color y de la situación migratoria. La unidad en torno a las necesidades básicas es la base de una unidad más amplia que será necesaria para derrotar a la dictadura.
El liderazgo de las personas que actualmente no tienen vivienda o que han enfrentado esta situación con anterioridad es esencial para la fortaleza del movimiento en torno a las viviendas. Sus historias y su verdad son armas poderosas en el mar de mentiras que actualmente está inundando el discurso político. Tal como le señaló uno de los líderes de San José: “No soy quien dices que soy. No tengo antecedentes penales. Soy ex maestro de prescolar. No debo estar en la cárcel, simplemente por no poder tener suficiente dinero para pagar algún lugar donde vivir. Y tampoco soy una anomalía. Hay miles de personas como yo aquí”.
