La urgencia de la crisis de salud pública hizo que muchas ciudades abandonaran sus severas acciones de barrer con los campamentos. Como la gente sin casa no puede, por definición, refugiarse en su hogar, estaba especialmente expuesta a contraer el virus y propagarlo en la población en general. Algunos municipios hasta instalaron aseos y lugares para lavarse en los campamentos (por primera vez en décadas) porque se dieron cuenta que no podían ordenarle a la gente a lavarse las manos si no tenía agua.
A La Huelga De Renta
Mientras tanto, el COVID-19 está creando una bomba de tiempo para la vivienda de alquiler amenazando con ponerle fin a todo el régimen de alquiler de viviendas con fines de lucro. El Centro Turner para la Innovación en la Vivienda calcula que unos 50 millones de personas viven en hogares que no podrán pagarla renta por pérdida de trabajo o ingreso debido al virus. Aún antes de la pandemia, un 43% de esos domicilios ya estaban económicamente sobrecargados, gastando más del 30% de su ingreso en alquiler. Hasta algunos de los que cumplen con los requisitos para recibir los pagos del desempleo, incluyendo el beneficio federal (temporal) de $600 a la semana, seguirían sin poder pagar su renta.
El resultado es una respuesta espontánea a la pandemia sin antecedentes. Grupos de inquilinos a lo largo del país han hecho un llamado a una huelga de renta, organizando caravanas de coches, manifestaciones respetando el distanciamiento social y acciones en las oficinas de dueños de viviendas corporativos. Cientos de localidades han adoptado moratorias del desalojo para evitar el desalojamiento de personas de sus hogares en medio de la pandemia. No obstante la necesidad de tales moratorias, ninguna incluía disposiciones para proteger a la gente de las enormes facturas de arriendo acumuladas para cuando acabe la crisis. La realidad es que millones de inquilinos participarán en la “huelga de renta”, hayan decidido hacerlo o no, porque sencillamente no tienen con qué pagar.
La huelga de renta no es se dirige principalmente a dueños individuales. De hecho, los líderes también hacen un llamado a la suspensión de los pagos de hipoteca. Es una huelga política contra el gobierno. Si el gobierno puede ordenarle a la gente no obtener ingresos debido a la emergencia del COVID, entonces puede ordenarle a los caseros a no cobrar el alquiler. Esto dio lugar a un proyecto de ley en la legislatura de Nueva York pidiendo la suspensión de pagos de alquiler e hipoteca durante el período de la crisis. También inspiró a la congresista Ilhan Omar a presentar una propuesta de ley similar a nivel nacional, instando al gobierno federal a cubrir las pérdidas que puedan incurrir los dueños.
En lugar de la cancelación del pago del alquiler, algunas organizaciones están pidiendo un proyecto de ley de $100 millones de ayuda para el alquiler, pero eso impondría una carga indebida, un estigma y restricciones a los inquilinos que la solicitaran, mientras que la cancelación del pago de alquiler requeriría que sean los caseros los que soliciten el reembolso.
Viviendas Vacías Para La Gente Sin Casa
En marzo y principios de abril, se presentaron muchas propuestas para responder a la crisis del COVID albergando a personas sin hogar en cientos de miles de habitaciones de hotel que quedaron vacías por el colapso del turismo. La gente sin techo han reclamado el derecho de escapar de los refugios que el Centro de Control de Enfermedades llama “polvorines” de coronavirus, y resguardarse en habitaciones de hotel vacías.
La toma de viviendas y huelgas de renta sientan los cimientos de una nueva etapa sin precedentes en el movimiento de la lucha por la vivienda. Abandonan la estrategia gradual por incrementos (pequeñas y lentas reformas) porque la crisis es demasiado grande para soluciones pequeñas. Esto representa un nuevo planteamiento agresivo en cuanto a organización y llevar reclamaciones al ámbito político. Están transformando la incapacidad para pagar el alquiler de un problema personal a una fuerza social. Están llevando a gente que ha sido impotente históricamente a confrontar los mecanismos del poder. El coronavirus está lanzando a personas sin hogar e inquilinos de bajos ingresos a una lucha en común. Si los inquilinos no logran la cancelación del alquiler, ellos mismos quedarán desamparados.
El COVID-19 ha transformado el debate nacional porque, como Katrina y otros desastres que ponen en peligro la vida, expuso, una vez más, la crueldad y la insostenibilidad del régimen de propiedad privada. Las crisis de vida o muerte exigen la solidaridad comunitaria y la distribución de las necesidades básicas de acuerdo a la necesidad. Los revolucionarios están llamados a actuar ahora para enseñar que el sistema en realidad crea una emergencia permanente para millones de personas, requiere reemplazar permanente el régimen de la propiedad privada con una economía cooperativa y exige una organización revolucionaria que se dedica a asegurar que así se logre.
Una economía cooperativa se levantaría sobre los cimientos de la propiedad pública de la tierra y la abolición de la especulación. La vivienda se volvería prácticamente gratuita con la tierra libre y la construcción a bajo costo. El objetivo final de la huelga de renta no es sólo sobrevivir la pandemia, sino una transformación social que le brindará a todo el mundo vivienda y, además, el reparto gratuito de toda la abundancia que la tierra ofrece a toda su humanidad. AC
julio/augosto 2020. vol.30. Ed4
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