El impulso corporativo de adueñarse de y/o controlar el agua del pueblo y los siguientes resultados—su contaminación, cortarle el agua al público, y su costo creciente—está lanzando a comunidades por todo el país a una lucha de vida o muerte por el acceso al agua potable limpia y económica. Este movimiento, disperso pero en vías de unirse, que dio un salto cualitativo tras la contaminación del agua de Flint, Michigan, se encuentra cara a cara con un gobierno corporativo que hasta está desarmando la democracia, tal como la conocemos, a fin de ganar la lucha por apropiarse de o controlar el agua.
Muchas luchas a través de todo el país están presentando la demanda “¿De quién es el agua? ¡Nuestra lo es!”, desde Standing Rock hasta las luchas contra los depósitos corporativos de tóxicos carcinógenos en los ríos y arroyos, los problemas de la sequía en California, los oleoductos y otras contiendas. Incluye la resistencia contra el robo del agua, legalmente sancionado, por parte de la Corporación Nestles en Michigan y Canadá. Y sólo en Michigan, la lucha abarca las contiendas por reemplazar el oleoducto de Embridge 5, que peligra con reventarse y provocar un desastre ambiental impensable, contra la contaminación del agua en Flint y en contra de los cortes del agua a escala masiva e incesantes en Detroit.
En Detroit los planes para el acceso al agua a costo razonable también forman una parte importante de la lucha por el derecho al agua. Conforme a los planes, el pago del agua depende de la capacidad del hogar de pagar. Bajo los actuales planes de asistencia en muchas ciudades, por el contrario, los cortes del agua amenazan a la gente porque se ve obligada a escoger entre pagar las cuentas cada vez mayores del agua o por la comida o el alquiler, o sea, escoger el camino de aún más pobreza y privación.
El papel transparente y activo del Estado de hacer cumplir los intereses corporativos une estos movimientos y ofrece la posibilidad de fomentar y profundizar la comprensión de las cuestiones subyacentes: el derecho al agua, la toma de los bienes públicos por parte de las corporaciones, obligacionistas (poseedores de los bonos) y financieros además del papel del Estado en la promoción y el cumplimiento de los intereses de las corporaciones a costa de los trabajadores. En todas esta luchas por el acceso universal al agua limpia y segura, la cuestión fundamental que surge es la siguiente: qué impera, ¿los intereses de las corporaciones o los intereses de la sociedad?
Estas luchas tienen lugar en todas partes del país. Por ejemplo, en Ft. Wayne, Indiana, se privatizó el agua y le tomó 13 años al pueblo recuperarla. Las compañías de aguas con fines de lucro toman ventaja de los problemas económicos de las ciudades para venderles la idea de que deben darle el agua a las empresas. En el pueblo de tamaño mediano de Lake Station, Indiana, la empresa dijo, “Te pagaremos un millón de dólares por tus recursos acuíferos”. El pueblo se ve tentado porque, como la mayoría de las ciudades, está endeudado. Las empresas luego les dicen a las ciudades que pueden pagar una parte de la deuda. Dado que a las ciudades les falta dinero, es un chantaje presupuestario. “El problema mayor con la privatización es que estamos perdiendo el control sobre las operaciones”, dijo el alcalde de Lake Station. Tanto en Michigan, Louisianna, Indiana, como en Puerto Rico u otro sinnúmero de comunidades, la lucha por el agua desenmascara la inmoralidad de un sistema que se basa en la apropiación privada de los recursos naturales que sostienen la vida.
Las luchas dispersas de la nueva clase social de trabajadores por el agua salubre y de costo razonable, la alimentación, la ropa, la vivienda, la atención médica y la educación se pueden resumir políticamente como un programa a favor de la nacionalización en beneficio del pueblo. El acceso público al agua limpia y segura significa la nacionalización del suministro del agua, al igual que el control público de la asistencia médica de calidad, la vivienda y la educación pública gratuita y de calidad requieren la nacionalización en beneficio de la sociedad y no de los intereses privados de la minúscula minoría corporativa.
El acceso al agua es un derecho humano. El acceso universal al agua, limpia y sana, sin importar la capacidad de pagar por ella, es la única solución y es una demanda de los crecientes millones de personas en nuestro país y alrededor del mundo.
marzo/abril 2018. vol.28. Ed2
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