El ataque generalizado contra los inmigrantes que se está desarrollando ante nosotros en Los Ángeles y muchos otros lugares es solo la punta de lanza de la ofensiva contra toda la clase trabajadora estadounidense. Busca desarmarnos al parecer dirigido únicamente contra los inmigrantes, cuando la intención es crear una fuerza policial masiva que pueda dirigirse contra cualquiera que se interponga en el camino de Trump y los multimillonarios corporativos que lo respaldan. Lo que el presidente Trump, el subjefe de gabinete para políticas, Stephen Miller, la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director de ICE, Thomas Homan, dicen y hacen se basa en la mentira de que los inmigrantes, asilados, refugiados y minorías son los culpables del deterioro del nivel de vida de los estadounidenses comunes.
Con la mentira de que Trump y sus secuaces solo persiguen a los criminales —”lo peor de lo peor”—, la maquinaria de deportación masiva que Trump prometió a su base en las elecciones presidenciales de 2024 está cobrando impulso. El 7 de junio de 2025, Trump ordenó el despliegue ilegal de 5000 tropas federales, incluyendo la Guardia Nacional, otros oficiales federales y 700 infantes de marina estadounidenses, en Los Ángeles. Esta acción constituye una clara violación de la ley Posse Comitatus.
Fue ordenada supuestamente para proteger la propiedad del gobierno y a los agentes del ICE, quienes estaban siendo cuestionados por jóvenes y otros residentes de la comunidad por arrestar a personas presuntamente indocumentadas en tribunales, calles y otros lugares públicos. Todo esto ocurrió sin el consentimiento y a pesar de las protestas del gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
Esta mentira de criminalidad, que fuentes acreditadas cuestionan, ha desatado:
• La devastación económica, física y emocional que sufrió Los Ángeles,
• La extralimitación de la autoridad estatal y municipal,
• Violaciones flagrantes de los derechos humanos, reportadas en las noticias nacionales y en las redes sociales.
• Stephen Miller anunció objetivos de deportar aún más inmigrantes, aumentando sus cuotas diarias de 1.000 a 3.000, a pesar de los relatos de que incluso ciudadanos estadounidenses fueron arrestados y acosados.
Para financiar deportaciones masivas, Trump forzó la aprobación de la “Gran y Hermosa Ley” (HR 1) a pesar incluso de la oposición republicana. Esta ley otorga 1.4 billones de dólares al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. La asignación de 75 mil millones de dólares al ICE lo convierte en uno de los organismos de seguridad con mayor financiación federal del país. Su financiación supera la financiación militar de muchos países del mundo.
Las mentiras antiinmigrantes de Trump ayudan a encubrir que está atacando a todos los trabajadores, ya que la HR 1 también recorta drásticamente la financiación federal del SNAP en 186.7 mil millones de dólares durante la próxima década, lo que eliminará los programas de alimentación para muchos adultos mayores y niños. Se espera que hasta 15 millones de estadounidenses pierdan la cobertura de Medicaid para 2034.
También, los adultos mayores se verán afectados negativamente por los recortes a Medicare y la seguridad social. A pesar de las promesas y mentiras de Trump, la aprobación de la HR 1 se produjo a expensas del sustento de los estadounidenses, tanto los nacidos en Estados Unidos como los indocumentados.
Los estadounidenses observan con nerviosismo la crueldad y el terror desatados por oficiales armados, enmascarados y cazarrecompensas que no se identifican. Las encuestas comienzan a mostrar que los estadounidenses ya no apoyan las políticas antiinmigrantes de Trump, posiblemente porque comienzan a comprender que nos persigue a todos. Su manipulación electoral mediante la manipulación de distritos electorales y su intento de derogar la ciudadanía por nacimiento es absolutamente aterradora para quienes creen en la democracia y la Constitución.
La cuestión del inmigrante indocumentado hoy en día debe verse en el contexto de la globalización y el capitalismo en la era de la producción con electrónica digital. Desde aproximadamente la década de 1970, se ha permitido a las corporaciones automatizar la producción y explorar el mundo en busca de mano de obra barata en países con escasas protecciones ambientales y laborales para maximizar sus ganancias. Esto ha perjudicado a todos los trabajadores al generar desempleo, reducir los salarios y obligar a las personas a migrar en busca de trabajo y una vida mejor para sus familias. De hecho, hoy en día una de cada tres personas en el mundo son trabajadores migrantes.
Los trabajadores, incluidos los indocumentados, no pueden vivir sin trabajo, y los capitalistas no pueden generar empleos en una economía basada en la producción digital, que está eliminando empleos sistemáticamente. La clase dominante, sin soluciones reales, recurre a la búsqueda de chivos expiatorios y a tácticas de “divide y vencerás” para controlar no solo al trabajador inmigrante, sino a toda la clase. Su objetivo es criminalizar a un sector de la clase trabajadora y enfrentarnos entre nosotros para que no podamos unirnos contra un gobierno controlado por las corporaciones tecnológicas.
¿Cuál es la respuesta a los ataques? Es, acciones unidas.
Esto se está desarrollando en dos niveles. En primer lugar, la ayuda mutua, la autodefensa, las redes de respuesta rápida y otras formas de organización comunitaria se están llevando a cabo en Los Ángeles y en muchos otros lugares.
En segundo lugar, las protestas públicas, marchas, tomas de poder, etc. están obligando a los funcionarios estatales y locales de California a adoptar una postura pública, en contra de que Trump y Hegseth se extralimiten en su gobernador, y a unirse al llamado para que las fuerzas militarizadas sean retiradas de Los Ángeles. Hasta el LAPD se vió en la posición de tener que defender el derecho democrático a protestar, aunque muchos del público todavía lo temen.

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Mientras tanto, se deben cumplir las leyes estatales a pesar de que ICE actúa en nombre del gobierno federal. La SB 54 de California es una ley de 2017 que impide que las agencias policiales estatales y locales utilicen recursos en nombre de las agencias federales de inmigración. Se ha propuesto y debería exigirse un servicio de defensa jurídica patrocinado por el Estado. Se necesitan medidas que exijan la identificación de los agentes federales de ICE mediante uniformes e insignias, y prohíban su presencia sin máscara.
Las redadas de ICE y los ataques a inmigrantes aumentan el costo de vida para todos. Cuando los trabajadores agrícolas no pueden cosechar, los precios de los alimentos suben. Los costos de construcción aumentan a medida que los trabajadores se quedan en casa.
Las industrias de servicios, como los hogares de ancianos, enfrentan escasez de mano de obra al finalizar las protecciones del TPS para los haitianos y otros inmigrantes en trabajos esenciales. Esta escasez de mano de obra aumenta los precios, reduce los empleos directa e indirectamente y además perjudica a las pequeñas empresas.
Las acciones de Trump revelan a quién sirve realmente el gobierno. “Make America Great Again” fue una cortina de humo para transferir riqueza hacia arriba mientras construía un estado policial, perjudicando a millones, incluidos los votantes de MAGA. Esta administración solo les ofrece a los trabajadores guerra, división y destrucción. Trump y sus compinches no son aptos para gobernar. Debemos unirnos como clase trabajadora independiente de los ricos realizando esta necesidad, antes de que sea demasiado tarde.
Publicado el Agosto 27 de 2025
Este artículo se originó en ¡Agrupémonos!
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