En pocos lugares del planeta el crimen organizado exhibe un poderío semejante al del Estado como sucede en México. En este País el problema no es tan sólo la violencia que generan los narcotraficantes en casi todo el territorio nacional, ya en sí desmesurada e incontrolable, sino la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
El neoliberalismo que se empezó a conformar a mediados de los ochenta del siglo anterior, acompañando a la globalización mexicana que se profundizó con el inicio del NAFTA, facilitó la extensión del crimen organizado en los tejidos del Estado. Sin embargo, de 1988 a 2017, es decir, del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari al de Enrique Peña Nieto, en escasos 29 años, el crimen organizado mexicano en su conjunto, y los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas en particular, se transformaron en primeros actores del narcotráfico internacional.
Sin duda hay un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano a partir de la década de los ochenta. Con la entronización de los gobiernos neoliberales en México se inicia una acelerada globalización del crimen organizado. A partir de entonces, el narcotráfico se convierte en una de las primeras generadores de capital en México. Al capital industrial, financiero, agrícola, comercial e informático se agrega el criminal. Y, por lo tanto, hay un nuevo sector burgués, el delictivo; el cual se mezcla con todos los demás. El capital criminal acuerda con el sector legal de capital como lavar dinero, y como y cuando invertirlo.
El crimen organizado y el Estado, dependiendo de la coyuntura internacional y/o estatal, de cada estado y municipio, independientemente de que partido lo presida, se enfrentan o negocian. Los gobernadores de los estados de Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora en la frontera con los EE.UU, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacan, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, etc., han estado en el servicio, o por lo menos aliados con uno u otro sector del crimen organizado.
La gran victoria del crimen organizado es que preñó al Estado y a amplias capas de la población de todas las clases sociales. Ha gozado del manto protector y de la legitimidad que le ha otorgado gruesas capas ciudadanas, y se ha apropiado a base de la violencia y del servicio sobornado de casi todas las policías, muchos jueces y militares. Pero, sobre todo, de individuos y grupos instalados estratégicamente en casi todos los partidos políticos y en todos los niveles de Gobierno.
Si bien no en todos los estados los narcotraficantes poseen el mismo poder, por ejemplo, en Yucatán o Tlaxcala, al sur del país, es mucho menor que en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, baja California y Sinaloa, al norte, o que en Michoacán y Guerrero, en la costa sur occidental, lo cierto es que, al ejercer un gran dominio en varios estados de importancia estratégica, se han constituido en el poder clandestino dentro del Estado.
Pero no es necesario que la delincuencia organizada esté extendida en todos los municipios de México para concluir que el Estado ha fallado ante la ciudadanía al no poder garantizar la seguridad de millones de sus ciudadanos. Baste saber que cientos de municipios y miles de kilómetros cuadrados están bajo el dominio de los capos para demostrar que el Estado no cumple con la función de proteger a su población. El Estado comparte el monopolio del uso de la violencia con crimen organizado; incluso muchas veces es subordinado en vastas regiones. Pero lo más grave es cuando el Estado, sobre todo sus fuerzas del orden, policías y militares, se confunden con las de la delincuencia. Es decir, el Estado roza la delincuencia porque en muchas partes de México está al servicio del crimen organizado. Obedece a liderazgos e intereses ajenos a la legalidad.
Pareciera que el altísimo número de muertos y desaparecidos que ha padecido México de 2006 a 2015, alrededor de 150 mil, hablaría de que el Estado ha enfrentado decididamente al crimen organizado, pero no es así. En realidad, las fuerzas policiales y militares, así como los tribunales y la clase política, han tenido una conducta muy irregular, y con frecuencia impredecible, ante los delincuentes. Según las circunstancias, arreglos, tácticas y estrategias internacionales, nacionales, estatales y municipales, habrá enfrentamiento con el crimen organizado u obediencia. Dependiendo de la coyuntura y del balance del poder, un jefe político, militar o policiaco sirven al crimen, normalmente a cambio de jugosos dividendos, pero a la vuelta de la esquina, debido a presiones de la sociedad civil, agencias internacionales, o de los partidos fuera del gobierno, puede enfrentarlo.
No pocos investigadores del tema piensan que en México podría suceder lo mismo que en Colombia; es decir, pasar a una situación de ingobernabilidad extrema, cuando en los años ochenta y principios de los noventa, Pablo Escobar y otros narcotraficantes, pusieron en jaque a la ciudadanía y al Estado. Sin embargo, para entender la situación de México, es necesario decir que el poder de los narcos colombianos, aunque haya cimbrado a su sociedad, no alcanzó los niveles de poderío financiero e influencia política subrepticia que tienen las organizaciones mexicanas. Los Colombianos hicieron negocio con la coca y la marijuana. Los carteles Mexicanos son los comerciantes del crimen global más importantes de coca, marijuana, drogas diseñadas, y la heroína.
Particularmente el Cártel de Sinaloa, aun con el Chapo Guzmán encarcelado en Nueva York, está en plena expansión global a pesar de estar dividida en dos facciones, y se ha convertido en el más poderoso en la historia del narcotráfico mundial. Es una verdadera transnacional del crimen. Sus gigantescos ingresos, sus ramificaciones internacionales, la cantidad de gente que le sirve y es leal, el número de empleos que genera en territorio mexicano, probablemente un tercio de los más de 500 mil que se calcula para el conjunto del crimen organizado según un estudio de un grupo de Diputados mexicanos en 2013, su capacidad financiera, de soborno y fuego, etc., hace que la organización que encabeza el Mayo Zambada , como líder indiscutible, después de la captura en 2016 del Chapo Guzmán, aunque esté dividida, sea un desafío colosal.
A pesar de que el poder de los narcos sinaloenses era local antes de los ochenta, desde décadas antes ellos ya habían acumulado experiencia empresarial, militar y política, terrenos en los que ningún otro grupo regional había aprendido tanto. Y es que Sinaloa no es tan sólo la cuna del narco mexicano también lo es de la narcopolítica. No podía ser de otra manera y es lógico. En Sinaloa el narco tiene una antigüedad de, por lo menos, cien años. Así, pues, no ha sido gratuito que en Sinaloa se hayan forjado casi cuatro generaciones de narcos en poco menos de un siglo. Es decir, los narcos sinaloenses han tenido el tiempo suficiente para aprender a hacer política con menos aspavientos que en otros estados. En Sinaloa saben jugar en todas las canchas aunque tienen su preferida, así como tienen varias amantes pero una mujer favorita. Salvo excepciones, no andan ejecutando políticos. No es necesario, saben crearlos con tiempo, los consienten, los moldean y los someten.
Pero los narcos sinaloenses no tan solo tienen mucha experiencia sino, sobre todo, mucho dinero, ejércitos bajo su mando, control de territorios y una legitimidad cultural y social impresionante. Su base social y territorial es enorme. Con esta variedad de capitales su poderío político es inevitable.
Los jefes del narco sinaloense son el único sector de las clases dominantes mexicanas de alcance verdaderamente global. Tienen presencia en, al menos, 63 países de los cinco continentes. Ninguna otra empresa sinaloense, ni ninguna otra mexicana, tiene sus alcances y capital, y gozan de la enorme ventaja de compartir el duopolio del uso de la violencia con las fuerzas de gobierno.
Siendo un poder global que tiene como matriz un base local, inevitablemente buscan la hegemonía política para seguirse desarrollando. Sin su base territorial de origen perderían el poder global, en continua expansión. Ni la guerra de los presidentes Calderón y Peña Nieto, ni la detención de El Chapo, los detuvo.
El narco sinaloense actúa en gran parte del país, incluyendo la misma Ciudad de México, la capital nacional, pero el control de su territorio primigenio es un asunto de vida o muerte, sin él desaparece. En Sinaloa nacen y se reproducen la mayoría de sus miembros o cuadros estratégicos. En su territorio brota gran parte de la producción de sus mercancías de exportación; en él se lava gran parte de su capital y están establecidos muchos de sus laboratorios; en su suelo está su principal base social y en él se genera la producción simbólica que ha contribuido a su legitimación cultural en amplias capas de la sociedad. Sus cementerios guardan eternamente los cuerpos de los narcos.
Así que, para el narco, controlar territorio y actuar en política es una historia antigua y necesaria para su reproducción.
Lo grave del asunto es que el narco no es un actor político más, sino parte del bloque capitalista en el poder. ¿Y cómo no serlo a estas alturas, cuando ya son parte de las élites económicas del País, y uno de los sectores empresariales, de capitales sucios y blanqueados, más grandes de América Latina?
Lo inédito es que no es un sector de capital legal sino, por el contrario, es un actor político clandestino. Es decir, el grueso de la población muchas veces no sabe que está tratando con ellos o votando por ellos.
Sin duda el narco sinaloense en el México contemporáneo es un actor social sumamente complejo y sofisticado en muchos sentidos. Tiene múltiples facetas y formas de expresión. Actúa en todos los planos: la ilegalidad y la violencia, pero también en la legalidad, el consenso y la política. Hace política con o sin partidos, con violencia o sin violencia; dentro y fuera de las instituciones. Ha subordinado alcaldes, legisladores y gobernadores; generales y soldados de menor rango; jefes policiacos y rasos. Ha negociado con Los Pinos, la casa presidencial mexicana, la DEA, el FBI y la CIA. Sabe actuar dentro de cualquier régimen político: democrático liberal, autoritario o totalitario. Con Peña Nieto o sin él; ante Trump o sin él.
El crimen organizado se ha convertido en un actor central del capitalismo contemporáneo mexicano y global.
mayo/junio 2017. vol.27. Ed3
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