por el Comité Nacional de la Liga sobre la Vivienda y la Falta de Hogar
Foto: Shutterstock, Billy F. Blume Jr.
Algunos de los ataques más crueles y dolorosos contra la clase trabajadora se están produciendo en el frente de la vivienda. Como explicó Will Suphon, de Tucson (Arizona): “El mercado de la vivienda, el mercado laboral, el precio de los alimentos… todo se ha vuelto una locura, y mucha gente se está quedando en la cuneta. Puedes hacerlo todo bien y aun así acabar viviendo en tu coche.”
La clase dominante reveló su verdadera solución a largo plazo para la crisis de la vivienda en el Proyecto 2025, el plan de 920 páginas para establecer una dictadura corporativa fascista si logran sacar elegido un “presidente conservador”. Exige el desalojo en masa de los no-ciudadanos, enormes recortes en las ayudas a la vivienda de la Sección 8, la abolición de la vivienda asequible Home First y redoblar la segregación en la vivienda. Donald Trump, el candidato del Proyecto 2025, quiere confinar a las personas sin vivienda en remotos campos de reubicación en las afueras de las ciudades. El objetivo de toda esta brutalidad es proteger las ganancias capitalistas en los sectores de finanzas, seguros y bienes raíces (siglos FIRE en inglés).
El Proyecto 2025 es una respuesta al auge de la organización y los derechos a la vivienda de los inquilinos, en ascenso desde la crisis de 2008 y alcanzando su punto álgido en 2020, durante el cruce del movimiento “Cancelar el alquiler” de la era pandémica y la rebelión masiva por el asesinato policial de George Floyd. En enero de 2021, los inquilinos presentaron su programa de Homes Guarantee (Garantía al Hogar) al Congreso entrante y al gobierno de Biden. Se trata de una sólida propuesta de la clase trabajadora respaldada por más de cien organizaciones de todo el país. Exige:
- Al menos 12 millones de viviendas sociales (permanentemente fuera del mercado privado y no disponibles para la especulación) y el fin del vivir sin techo
- Una inversión de más de 150,000 millones de dólares en las viviendas públicas existentes, la derogación de la Enmienda Faircloth y un “Nuevo Pacto Verde” para la Vivienda Pública
- Una Carta Nacional de Derechos del Inquilino, que incluya causa justa, control universal de los alquileres y accesibilidad universal, además de un Fondo de Control Comunitario y Contra el Desalojamiento de 200,000 millones de dólares
- Reparaciones por los siglos de políticas de vivienda racistas
- El fin de la especulación en bienes raíces.
Aunque se redujo drásticamente, algunas partes del programa Garantía al Hogar se incluyeron en el proyecto de ley Build Back Better de 2021, que quedó a sólo dos votos de aprobación en el Senado. Desde entonces, sin embargo, las comunidades se han visto abatidas por el aumento del alquiler y la expiración de las moratorias de desahucio, mientras que el sector FIRE utilizaba sus crecientes beneficios para consolidar su apoyo político en ambos partidos. Además, financiaron estudios y proyectos mediáticos atacando los programas de vivienda asequible y culpando la falta de vivienda a la delincuencia y las enfermedades mentales. Derrotaron la campaña de reelección de la congresista Cori Bush, de Missouri, que en 2021 encabezó la sentada en la escalinata del Capitolio para prorrogar la moratoria de los desahucios.
Ahora, el movimiento no tiene más opción que trabajar para derrotar el Proyecto 2025 y a los candidatos que lo apoyan. La respuesta del Proyecto 2025 a la crisis de la vivienda es esencialmente la de la “historia sangrienta” que Donald Trump ha prometido implementar si es elegido. Para evitar el derramamiento de sangre, la mayor parte del movimiento está apoyando la campaña de Kamala Harris, no como respuesta completa a la crisis de la vivienda, sino como táctica—vivir para luchar otro día.
Esencialmente, el plan de vivienda de Harris tiene cuatro componentes:
- Construir tres millones de viviendas en cuatro años, principalmente mediante una ampliación del programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos
- 25,000 dólares de ayuda para el pago inicial de quienes compran su primera vivienda
- Tomar medidas enérgicas contra las empresas que fijan los precios mediante algoritmos (que las benefician)
- Poner fin a las exenciones fiscales federales para los inversores corporativos que compran 50 o más viviendas de alquiler unifamiliares
Los partidarios de Garantía al Hogar, como La Alianza por Justicia Habitacional (ver Alliance for Housing Justice), señalaron que la mera presencia de un programa de vivienda positivo en la campaña presidencial de un partido mayoritario es un paso adelante y un tributo a los años de organización de los inquilinos trayéndonos hasta este punto. Pero muchos revolucionarios están denunciando los puntos débiles del programa, aun mientras luchan para elegir a Harris.
Su plan de vivienda es un paso atrás, incluso respecto al proyecto de ley Build Back Better. Tres millones de viviendas son una buena (aunque insuficiente) aspiración, pero es poco probable realizarla porque depende de un programa de créditos fiscales que sólo ha producido 3.6 millones de unidades en 40 años. Es muy posible que el programa de ayuda de un pago inicial de 25,000 dólares acabe siendo anulado en la práctica debido al aumento en el precio de la vivienda que la mayor demanda debe generar. En cualquier caso, es injusto para los inquilinos con rentas más bajas—no recibirán nada.
Está bien perseguir a las empresas propietarias de viviendas, pero es poco probable que centrarse en los inversores corporativos que compran viviendas unifamiliares de alquiler tenga un impacto significativo. Sólo representan el 3% de todas esas viviendas. Los revolucionarios tienen que enfrentar la realidad de que el sector FIRE es un importante financiador de la campaña de Harris y ejerce tremendo poder mediático, capaz de levantar, o aplastar, su campaña. Además, como ha señalado Vox (ver as Vox has pointed out), el programa de vivienda de Harris está fundamentalmente desgarrado por la desafiante matemática política: en el 65% de los hogares estadounidenses los de la casa son sus propietarios y un porcentaje aún mayor de los votantes registrados. Los revolucionarios siempre estamos al lado de los trabajadores que menos tienen—son la columna vertebral del movimiento—pero hay que ser inteligente y estratégico.
Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para organizar y educar a los inquilinos en el corazón de nuestro movimiento. Hay que resistir todo intento de separar y atacar a los inquilinos desahuciados, los desalojados; resistir todo intento de acorralarlos por el color de su piel o por su estatus legal como inmigrantes. Hay que crear unidad entre todas las comunidades de bajos ingresos, hacer alianzas duraderas con los propietarios de viviendas entre nosotros, cuya mayoría son los llamados “inquilinos del banco” agobiados por las hipotecas.
La crisis de la vivienda es un aspecto de la crisis general del sistema de la propiedad privada. En la época de la Inteligencia Artificial, los trabajadores humanos se ven cada vez más sin trabajo, sin ingresos, sin medios de subsistencia. Mucho menos tienen con qué pagar un alquiler de 3,000 dólares al mes. El mercado privado de la vivienda no puede hacer frente a esta crisis porque cuando parece que los alquileres empiezan a ser razonables, los constructores de viviendas lucrativas dejan de construir hasta que el alquiler sube de nuevo. El camino hacia la vivienda como derecho humano es luchar para que el gobierno intervenga y disponga de suficientes viviendas sociales para hacer realidad la Garantía al Hogar.
Publicado el 29 de septiembre de 2024
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