Desde un principio, la respuesta de EE.UU. al virus mostró el abismo que hay entre las necesidades de la salud y la seguridad de la gente y el carácter fundamentalmente corporativo del gobierno. No se trata sólo de estropear pruebas de laboratorio urgéntemente necesarias o de acelerar la producción de suministros cada vez más escasos. Hace décadas que el sistema de salud pública se ha marginado y, a propósito, mal financiado. La salud pública ha tenido que hacerse a un lado para dar paso a la medicina corporativa de compañías comerciales de seguros, hospitales privados, grandes farmacéuticas y la investigación con derechos reservados—sacrificándose el bien común por el lucro.
Al no coordinar o nacionalizar la producción y distribución de suministros médicos, el gobierno federal cedió todo a las fuerzas del mercado. Gobernadores, alcaldes, hospitales y clínicas se vieron inmersos en una guerra de ofertas para adquirir todo, desde ventiladores a mascarillas y kits de prueba. El precio del Equipo de Protección Personal (EPP) dio un saltó de más de 1000 por ciento. Una mascarilla N95, indispensable para los trabajadores de cuidados de la salud, subió de precio de 38 centavos a más de $5.75.
La propiedad privada de las herramientas necesarias para combatir la propagación del virus ha dado lugar a ahogar la necesidad apremiante de pruebas masivas y la protección de los trabajadores de hospitales. No sólo nos pone en peligro la propiedad privada de los suministros que salvan vidas, sino también las decisiones sobre quiénes reciben EPP o a quiénes se les hacen las pruebas y quiénes se consideran indispensables—todo entregado al caos de un fragmentado mercado en busca de lucro.
Nuestras mejores herramientas para frenar la propagación del nuevo coronavirus son las más básicas: el distanciamiento social, llevar mascarillas en lugares públicos, lavarse las manos frecuentemente por 20 segundos, llevar EPP cuando sea necesaria y refugiarse en el hogar. Ahora, con los estados sureños llevando la delantera en fomentar la reapertura del comercio, hasta las protecciones más básicas se van anulando.
“El Pasado Nunca Muere; Ni Siquiera Es Pasado”
Los gobernadores de Georgia, Florida y Carolina del Sur están abriendo gimnasios, restaurantes, barberías, salas de cine, playas y otros lugares. El Gobernador Brian Kemp, de Georgia, después de robarse las elecciones a mitad de mandato mediante el fraude electoral masivo, está usando todo el pueblo de Georgia, especialmente a afroamericanos, latinos, indígenas e inmigrantes, para ver cuánta enfermedad y muerte se tolera en nombre de “salvar” los negocios. No es un nuevo modo de operar, sino una ampliación de la fórmula de siempre de las estructuras políticas del Sur, siguiendo los dictados de Wall Street.
Pero ahora los riesgos son mayores. El grave síndrome de dificultad respiratoria aguda y el fallo multiorgánico que el COVID 19 puede provocar no se limitan a ciertos lugares, el color de la piel, nacionalidades o fronteras nacionales o estatales. Sí tiende a afectar a personas con trastornos preexistentes, como las enfermedades crónicas de los pulmones, el corazón o los riñones, el asma, la hipertensión, la diabetes, afecciones inmunosupresoras como el SIDA, entre otras. Todas ellas, junto con el alto porcentaje de gente mayor, afectan de forma desproporcionada al Sur, especialmente su zona rural. Mucho antes de la pandemia, los sureños sufrían de graves desigualdades de salud, incluyendo la falta de expansión de Medicaid, una frágil o inexistente infraestructura de salud pública, ser el epicentro de cierres de hospitales rurales y más del 20 por ciento de las personas sin cobertura médica.
Dougherty County, en el Cinturón Negro del suroeste de Georgia, con cerca del 70% de su población afroamericana, ha sufrido más muerte y enfermedad que cualquier otro condado del estado, a pesar de tener menos del 10 por ciento de la población del condado de Fulton en Atlanta. Un modelo compartido por el CDC y creado por un equipo de MIT anticipa que para principios de agosto, al relajarse la limitación de los contactos sociales, el número de fallecidos en Georgia se duplicará a 4700.
No es sólo el coronavirus que se propaga exponencialmente. También surge el tramo tecnológico como fuerza predominante en la crisis del capitalismo, sobre todo en el 18% del producto nacional bruto (PNB) dedicado al cuidado médico. Desde el inicio en la última década de los registros médicos electrónicos, capaces de almacenar una inmensa base de datos, las empresas tecnológicas y sus inversores de capital privado han estado acaparrando grandes cantidades de recursos del sector de la salud y trasladando los servicios de los hospitales a aplicaciones portátiles y la telemedicina. Cuando en marzo el Centro de Medicare y Medicaid aprobó el reembolso por los servicios de ‘telesalud’, se abrió la caja de Pandora. Y no cerrará cuando se acabe la pandemia.
La repercusión de más consolidación corporativa del sistema de asistencia médica será enorme. Se estima que para junio se cerrarán o reducirán permanentemente 60,000 consultorios de cuidados primarios con un efecto multiplicador de 800,000 empleos perdidos. Aún ahora, en el apogeo de la pandemia, se han despedido a más de 50,000 trabajadores de la salud, y miles más encaran recortes en su salario a medida que los hospitales suspenden los beneficiosos procedimientos y cirugías electivas.
Precisamente cuando el cuidado de salud primario es decisivo, se ve amenazado. Es probable que en los próximos meses cientos de hospitales se irán a la bancarrota y cerrarán. ¿Pero cuál es el camino a seguir para la salud pública?
El Futuro Depende De Nosotros
La pandemia del COVID 19 ha puesto plenamente de manifiesto la interconexión e interdependencia de todas las formas de vida sobre la tierra. El nuevo virus y otros, como el SARS, el MERS, el Zika y el SIDA, han surgido en gran parte de las agresiones humanas contra ecosistemas frágiles y el cambio climatológico propulsado por los combustibles fósiles. La fragmentación y daños causados a los hábitats de especies silvestres están provocando el salto de microbios antes albergados en otras especies a una humanidad sin protección contra ellos.
No existe cura para el coronavirus. Se están desarrollando vacunas, pero nada asegura que se administraran global, universal y gratuitamente una vez la ciencia constate su eficacia y seguridad. La responsabilidad principal por la masiva difusión viral recae en las relaciones capitalistas, con su impacto más letal en la clase trabajadora global que sufre mayor pobreza e inseguridad en cuanto a su salud.
Las demandas programáticas planteadas por la clase trabajadora exigiendo un ingreso digno, empleos seguros y vivienda; para los trabajadores “esenciales” pago por exponerse a peligros y EPP; agua potable; el final del sistema de encarcelación en masa y las detenciones de la Migra; perdón de la deuda, el alquiler y la hipoteca: todo esto no es sólo necesario en momentos de crisis sino fundamental para proteger la salud del público en todo momento. La expansión de Medicaid ahora mismo y la aprobación del Medicare para Todos son urgentemente necesarias frente a los 30 millones de recién desempleados y probablemente sin seguro. Ahora se están implementando algunas de estas medidas, gracias a la organización en el trabajo y las acciones comunitarias como las de equipos de ayuda mutua y la presión digital masiva, pero todas tienen que hacerse permanentes.
Vemos los trazos de lo que hace falta a través del prisma de esta crisis: la distribución gratuita de bienes y servicios, coordinada con empatía y de forma cooperativa y responsable ante las expectativas de esta nueva clase de trabajadores emergiendo de la crisis, o sea, la distribución de acuerdo a la necesidad, no las ganancias. Una nueva sociedad insiste en nacer. ¡Es nuestra obligación colectiva hacerlo una realidad! AC
julio/augosto 2020. vol.30. Ed4
Este artículo originó en Rally, camaradas!
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