Cada vez más, el pueblo estadounidense se está dando cuenta de que hay puestos de empleo que ya han desaparecido para siempre. Las primeras olas de despidos masivos y permanentes comenzaron en los años 80 y primero perjudicaron a los obreros industriales, pero después repercutieron en toda la economía de servicios. Actualmente, esta situación está afectando hasta a los trabajadores en el campo del conocimiento, en tanto que la producción se automatiza y se digitaliza cada vez más y se deja en manos de robots y computadoras.
El problema para la clase gobernante es cómo controlar el surgimiento de una nueva clase cada vez más grande y amplia de obreros que ya no necesita. En el centro de esta nueva clase se encuentran los obreros Afroamericanos, los cuales apenas habían ingresado a la fuerza laboral industrial tras una migración masiva desde las aparcerías del viejo sur agrícola. La antigua discriminación racial ya no los podía dominar; sin embargo, la clase gobernante dependía de las formas históricas de control que surgieron de la sórdida historia de la esclavitud y la supremacía blanca. El blanco actual es la nueva clase en general, pero la clase gobernante se dirige a los obreros Afroamericanos, los cuales se sitúan en el centro de esa nueva clase. Es un tipo de racismo basado más en el estatus económico que en el color de la piel, pero a fin de cuentas se trata de racismo.
Un Estado policial militarizado
El punto fuerte de la respuesta de la clase gobernante es la formación y la implementación de un Estado policial, principalmente como forma de control social. El poder estatal se ha utilizado y se sigue utilizando para encarcelar de forma masiva a más de dos millones de nuestros pobres, Afroamericanos, hombres y jóvenes. Es una encarcelación en masa diseñada a retener una nueva clase a la que se consideraba como desechable y que ya no se necesita en el contexto de la nueva economía global.
Un nuevo libro de Michelle Alexander, The New Jim Crow, ofrece muchos ejemplos al respecto. En las principales ciudades estadounidenses, hasta un 80 por ciento de los hombres jóvenes que son afroamericanos tienen antecedentes penales. La tasa de desempleo llega hasta un 65 por ciento y la de deserción escolar alcanza hasta un 70 por ciento. En algunos estados, la tasa de hombres Afroamericanos que están en la cárcel por enfrentar cargos por drogas es hasta 50 veces mayor que la de los hombres blancos, a pesar de que la mayoría de los que usan drogas son caucásicos. Desde que inició la “guerra contra las drogas”, se ha arrestado a más de 31 millones de personas. Ronald Reagan inició esta guerra en 1982, lo cual coincidió con la desaparición de millones de puestos de empleo en la industria de las manufacturas, debido al surgimiento de una nueva tecnología.
Bill Clinton intensificó la guerra contra las drogas con el establecimiento de la política de “a los tres strikes quedas fuera” y al “poner fin a las medidas de bienestar social tal como las conocemos”. En 1996, el financiamiento de viviendas públicas se redirigió a la construcción de nuevas cárceles. Los fondos destinados a las viviendas públicas experimentaron un recorte de $4,700 millones, mientras que el financiamiento de correccionales aumentó en $1,900 millones. Las cárceles se transformaron en el principal programa de vivienda para los pobres. Al excluírseles de las viviendas públicas, muchos terminaron en la indigencia total.
Como si la encarcelación masiva no fuera suficiente, esto no termina aquí. Las prisiones son un medio para experimentar una marginación permanente. A través de un sistema de leyes, políticas e instituciones, los ex delincuentes quedan excluidos por ley de reintegrarse a gran parte de la sociedad. Una vez liberados, el derecho a votar, se les excluye como miembros de los jurados y se les niega la habilidad de obtener trabajo, vivienda o beneficios públicos.
Aquellos que han sido condenados por algún delito relacionado con las drogas quedan excluidos permanentemente de recibir beneficios de bienestar social o estampillas para alimentos. En el 2002, la Corte Suprema dictaminó que se podía desalojar a cualquier persona de una vivienda pública aún si ésta no tenía conocimiento o no había participado en una presunta acción delictiva. Cada año, se libera a más de 650,000 reos, para quienes será casi imposible lograr la obtención de una vivienda durante el resto de sus vidas.
Y se observa la famosa “casilla” —para marcar un “sí” o un “no” en una solicitud de empleo para responder a la pregunta de si alguna vez se le ha condenado por cometer un delito. En un ambiente en el que cada vez es más difícil encontrar un puesto de trabajo, esto equivale a una exclusión permanente de las fuentes de empleo. Simplemente se les excluye.
La mayoría de quienes salen de la cárcel también arrastran consigo una pesada carga de deudas. Mientras permanecen en prisión, muchos pueden trabajar y ganar entre $1,25 y $3,00 la hora, pero se les obliga a pagar el costo de las pruebas de drogas, los trámites de ingreso a la cárcel, el costo de alimentación, las tarifas de solicitud de un defensor público, los costos de investigación de las fianzas y de tramitación de la libertad condicional o provisional, al igual que los cargos por pagos atrasados e intereses. Esta es una deuda cuya carga nunca desaparece. Sin acceso a la economía legal, muchos terminan regresando a la cárcel debido a que no pueden pagar sus deudas. El sistema penitenciario se ha transformado en una prisión moderna de deudores.
La confrontación de esta nueva clase marginada y excluida va aunada a la consolidación y la implementación de un Estado policial estadounidense en el Siglo XXI. Este es un Estado que en primer lugar ha militarizado el sistema policial y penitenciario. Sólo en 1999, más de tres millones de piezas de equipo militar se asignaron a los departamentos locales de policía, lo que incluye helicópteros Halcón Negro, rifles M-16, lanzagranadas, etc. Actualmente, se utiliza de forma rutinaria los equipos de armas y tácticas especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) para el cumplimiento de órdenes judiciales al ingresar a los hogares de manera forzosa y sin anunciarlo. Las órdenes de cateo sorpresa aumentaron de 3,000 al año a principios de los años 80 a más de 40,000 anuales a principios de la década del 2000.
El fascismo por medios legales
Lo que resulta escalofriante es que todo esto se está llevando a cabo a través de medios jurídicos. La “laguna” legal mediante la cual el sistema jurídico ha logrado iniciar lo que equivale a la formación de un Estado fascista por medios legales se incluye en la decimotercera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta es la enmienda que prohíbe la esclavitud, pero con una excepción –el castigo por un crimen cometido. Para ilustrar esto en una ley, Alexander cita el caso de Ruffin vs. la Mancomunidad (de Virginia). “Él no sólo ha renunciado a su libertad… sino a todos su derechos personales. Por ahora, él es esclavo del Estado”.
Desde entonces, la Corte Suprema ha eviscerado la cuarta enmienda, la cual protege a las personas contra cualquier registro e incautación ilegal. La Corte Suprema ha aprobado pruebas obligatorias de drogas para empleados y alumnos, ha respaldado las búsquedas casuales en las escuelas y los registros a estudiantes, ha permitido que la policía obtenga órdenes de allanamiento con base en pistas anónimas, ha ampliado la autoridad del gobierno para intervenir llamadas telefónicas, ha legitimado el uso de informantes a sueldo no identificados, ha aprobado el uso de vigilancia desde helicópteros (y naves no tripuladas) sin una orden de allanamiento, y ha permitido el decomiso de dinero en efectivo, de viviendas y de otras propiedades con base en testimonios no comprobados de actividades ilícitas de drogas.
Además, con base en los lineamientos de la Corte Suprema, se dice que el sistema jurídico no hace diferencias con base en el color. En cada paso de todo el proceso legal, se ha cerrado la puerta a las quejas por prejuicio racial, desde las detenciones y los cateos, hasta los acuerdos con la parte acusadora y el fallo de las sentencias. Los resultados son distintos. Lo que tenemos es un circuito cerrado de marginación permanente, el cual se ha dirigido a un segmento de la nueva clase objetivamente marginado por la producción sin mano de obra, pero que emplea una nueva forma de racismo que se dirige a una clase más con base en su situación económica. Pero al frente de esta clase se sitúan los obreros afroamericanos y latinos, quienes soportan los embates más fuertes de los ataques del Estado policial.
El Estado policial dirige sus ataques a los obreros latinos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Estos trabajadores son víctimas de encarcelaciones masivas, pero también representan prácticamente la propia definición de marginación, ya que se les excluye de los puestos de empleo, de las votaciones, de la educación, de las viviendas y de los beneficios públicos.
Alexander denomina esto “las nuevas leyes de Jim Crow” (leyes discriminatorias), un sistema racial de castas en la era de la electrónica, pero sus propias palabras la contradicen. Si bien los Afroamericanos y los latinos son los grupos principales a los que se dirigen los ataques, la autora sostiene que también lo son los obreros blancos pobres. Lo que ella describe como una nueva clase incluye a los pobres Africanamericanos, al igual que a los obreros blancos y latinos. El grupo al que se dirigen los ataques no son todos Afroamericanos o latinos y, por ende, esto no excluye a todos los blancos.
El proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años se ha normalizado. Pero esto representa un dilema moral para el pueblo estadounidense: ¿Dónde estaba yo cuando vinieron por las masas de Afroamericanos y latinos o por nuestra juventud y no dije nada? ¿Quién quedará cuando vengan por mí? La verdad sea dicha, este segmento de nuestra clase puede estar marginado y excluido, pero aún así siguen formando parte de nosotros mismos. Si no toma partido a favor de la solidaridad de la clase y en defensa de toda la humanidad, entonces nuestra sociedad en general se transformará en una prisión.
septiembre/octubre.2013.Vol23.Ed5
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