Foto – Vic Hinterlang
Por SacCat
Aunque esta cifra es inferior al número real, oficialmente en 2019, había 17.000 residentes que vivían en las calles o en sus vehículos en Los Ángeles. Ese año, la ciudad gastó $31 millones en “limpiezas de campamentos”, al igual que $5 millones más en vigilancia policial durante estas operaciones. En años recientes, se ha gastado aún más dinero en este tipo de actividades, un monto que superó los $50 millones en 2024. https://www.smartcitiesdive.com/news/la-homeless-encampment-cleanup-program-ucla-study/811816/ (en inglés).
La destrucción y los destrozos de las pertenencias de las personas sin viviendas supone un enorme gasto en todo el estado. Desde el período 2021-2022, la legislatura de California ha asignado $1.000 millones para “limpiar” campamentos, a pesar de que las personas sin hogar; es decir, aquellos que deben vivir a la intemperie o en vehículos debido a los costos inalcanzables de las viviendas y los albergues saturados, no tienen acceso a lugares de almacenamiento ni a servicios para desechar basura.
El 12 de febrero de 2026, seis demandantes sin viviendas y la organización comunitaria Ktown for Al lograron una sorprendente victoria en un tribunal federal contra la ciudad de Los Ángeles. En el caso de García contra la ciudad de Los Ángeles, el tribunal falló en contra de la ciudad porque había falsificado cientos, si no miles, de registros, a fin de encubrir y justificar su práctica de destruir las pertenencias de las personas sin hogar que vivían en campamentos en toda la ciudad, de acuerdo con la Ordenanza 57.11 de Los Ángeles, que ordenaba que se deshicieran de “artículos voluminosos”. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos protege muy claramente la propiedad contra su destrucción y apropiación por parte del gobierno, incluso si una persona no tiene una vivienda y deba vivir en la calle.
Testigos en la sala del tribunal relataron momentos dramáticos antes de que la jueza emitiera su fallo. Según se informó, el 12 de febrero, la jueza Dale S. Fischer se levantó detrás del estrado del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles, se quitó su larga toga negra y dijo: “Estoy lista para proceder. Muéstrenme dónde guardan las pertenencias que han tomado de estas personas sin viviendas durante sus limpiezas de campamentos”.
EL CASO GARCÍA: UN GOLPE CONTRA EL FASCISMO
El engaño ante el tribunal en este caso también refleja cómo la ciudad ha engañado a los habitantes de Los Ángeles en su brutal guerra de clases contra las personas sin viviendas, así como la gran mentira de que la ciudad busca “ayudar” a quienes viven a la intemperie. Los multimillonarios constructores inmobiliarios controlan Los Ángeles, aunque los votantes ahora están desafiando su dominio al elegir a nuevos miembros del Concejo Municipal y al apoyar iniciativas sobre viviendas de bajo costo: https://www.thenation.com/article/society/thrive-la-raman-tenant-caruso (en inglés).
Está muy bien documentado que el programa CARE+ está diseñado y se implementa para destruir campamentos y desplazar o expulsar a las personas de los lugares donde viven, lo que ocasiona de forma rutinaria traslados forzados cada cierto tiempo. https://invisiblepeople.tv/how-las-care-program-pushes-people-around-instead-of-helping-them/ (en inglés).
CARE+ ataca la propia supervivencia de nuestro pueblo. Como una señal alarmante, este programa nos deja ver que hemos ingresado al período de un fascismo cada vez más profundo. Bajo el fascismo, la democracia llega a su fin.
La clase multimillonaria controla todo. Para esta clase, la vida humana ya no tiene valor y simplemente se puede desechar e ignorar con desprecio. Para ellos, las personas sin viviendas son una humanidad que les sobra. Los trabajadores y sus familias no son necesarios. Lo que les importa es mantener su control sobre la riqueza y la propiedad privada, lo que incluye el mercado del sector de vivienda, con sus altos alquileres y sus ganancias cada vez mayores. Y ellos dependen de la policía para que la situación continúe de esta manera.
Esta visión de los multimillonarios impulsa la destrucción de los campamentos de personas sin viviendas. El trabajo asalariado está en proceso de eliminarse a medida que los robots ocupan los puestos de trabajo a todo nivel. Por ello, la clase multimillonaria abandona y ataca a las personas, ya que no las necesita como trabajadores.
Por supuesto que este es un proceso complejo. Pero, debido a que son quienes están pagando el precio más alto, se ha marginado y obligado a una gran cantidad de personas vulnerables a vivir en las calles: personas con discapacidad y personas mayores, pero también jóvenes y todo tipo de gente. Pero también debe mencionarse que esto ha afectado de forma desproporcionada a las personas de color, quienes durante mucho tiempo han soportado la mayor carga de la pobreza y los desalojos sistemáticos.
Desde una perspectiva de la clase multimillonaria, no es necesario mantener a las familias o velar por su estabilidad, ni tampoco proteger las zonas residenciales contra la especulación financiera, o proteger a las personas de las deportaciones, los desalojos o el implacable aumento del costo de la vida. Tampoco es necesario que la clase obrera pueda gozar de una vida digna o que incluso pueda sobrevivir.
Una menor necesidad de contar con trabajos asalariados representa un cambio económico extremadamente revolucionario. La relación entre los obreros y los capitalistas es la base de toda la sociedad. El trabajo no solo es una fuente de ganancias para los multimillonarios. El trabajo asalariado cumple una función adicional: a través de este, la riqueza de la sociedad fluye hacia la clase obrera. Sin un trabajo asalariado, la clase obrera enfrenta miseria y es incapaz de costearse lo necesario para poder vivir, como las viviendas.
La mayoría de las personas sin hogar no nacieron así. Actualmente, el sistema capitalista nos está fallando, mientras que el trabajo va desapareciendo. Las personas ya están despertando ante este hecho, pues se están dando cuenta de que la vivienda debe ser un derecho humano, no un bien del mercado, si deseamos poder vivir.
LA VICTORIA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
Ktown for All, una organización de base dirigida por voluntarios y que atiende a personas indigentes en Koreatown, a través de asistencia directa y actividades de promoción y defensa política, se unió como demandante en el caso de García. Ktown for All se ha aliado con diversas organizaciones y coaliciones como Keep LA Housed, una coalición formada por inquilinos que se organizan por establecer una Carta de Derechos de los Inquilinos, y la Coalición Community Self Defense (CSDC, por sus siglas en inglés), una coalición que reúne a 50 organizaciones que se integraron para ofrecer apoyo, realizar actividades de promoción y defensa, y garantizar la seguridad y los derechos de todos los inmigrantes, sin importar cuál sea su situación actual. https://www.ktownforall.org/ (en inglés).
Ktown for All y sus amplias alianzas son indicios de los tiempos que estamos viviendo, son señales de la creciente coordinación de las organizaciones y coaliciones que están surgiendo con el fin de proteger contra los ataques a los residentes vulnerables de la ciudad, ya sean personas sin hogar, inquilinos con problemas de alquileres y al borde de ser desalojados, o inmigrantes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE, por sus siglas en inglés] está persiguiendo y deteniendo.
Yusra Murad, organizadora de comunicaciones de la organización con sede en Minneapolis llamada Inquilinxs Unidxs por Justicia (también conocida en inglés como United Renters for Justice) resume las lecciones que estamos aprendiendo en un informe publicado recientemente sobre el primer año de actividad de la CSDC. Ella expresa las demandas revolucionarias de estos tiempos, mientras los ataques fascistas afectan a diversas poblaciones dentro de la clase obrera. Ella también señala la necesidad del poder de la clase trabajadora y del derecho humano a la vivienda. https://knock-la.com/one-year-of-community-self-defense-coalition/ (en inglés).
Al respecto, Yusra explicó lo siguiente: “La forma en que mantengamos a todas las personas con una vivienda se relaciona con el poder. Quién lo tiene y quién no y qué se necesitaría para cambiar los desequilibrios de poder que amenazan a cada uno de nosotros. Ya sea a través de un desalojo, una deportación, la gentrificación o una crisis climática, nuestro propósito es proteger a las personas contra los desalojos forzados”.
Publicado el 9 de abril de 2026.
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