Hay conmoción en Estados Unidos, Canadá y México entre estudiantes, maestros y comunidades enteras al defender el derecho humano a la educación. En estas luchas se sabe que no hay lugar en el servicio público para el beneficio privado. La corporatización de la educación pública, con la complicidad del Estado, rebaja penosamente la gran promesa de la escuela.
Son necesarios movimientos nacionales que obliguen a sus gobiernos federales a subvencionar toda la enseñanza pública y hacer frente al hecho de que la violencia organizada con la aprobación del Estado y la coerción policial y social ha invadido la educación pública en sus países correspondientes.
En los EE.UU los grandes distritos escolares urbanos, de kínder a cuarto año, tienen más policías que consejeros. Se gastan más fondos de impuestos estatales en prisiones y encarcelando antiguos alumnos que en la educación pública. La política de “tolerancia cero” penaliza la niñez, poniéndoles esposas a niños o tirándolos contra la pared en su propia aula. El Departamento de Seguridad Nacional les enseña a los administradores escolares técnicas de interrogación utilizadas en la campaña contra el terrorismo.
En tal ambiente la coerción da lugar a la expulsión en masa de estudiantes, dejándolos en “la vía directa de la escuela a la cárcel”. Los estudiantes no pueden, legalmente, declararse en bancarrota. Así que la deuda estudiantil es una medida coercitiva para asegurar el control social corporativo y la acumulación de capital. A lo largo del país, las universidades están aumentando la oferta de cursos para los sistemas de “justicia” penal y militar mientras atacan currículos tales como los estudios étnicos e historia del pueblo.
El Estado y el gobierno tienen funciones distintas pero relacionadas: ambos sirven las relaciones de propiedad y el dominio de clases. El Estado es un aparato que emplea la fuerza, incluso la violencia organizada, para asegurar el dominio político de la clase capitalista y la represión política de la clase trabajadora. Su objetivo es organizar y ejercer, abierta y ocultamente, la fuerza social que fortalece el dominio corporativo de la propiedad privada con el poder para explotar la sociedad y el planeta.
El aparato gubernamental, entre otras cosas, controla y reparte los impuestos y recursos públicos de la sociedad. Sobre todo ahora, con la fusión de las corporaciones y el gobierno (y el Estado), establece leyes e instituciones que facilitan la constitución de un mercado y fija las condiciones para la intervención gubernamental en la economía en nombre del Estado. La violencia autorizada por el Estado es esencial para crear el mercado y asegurar los beneficios corporativos.
Constituyendo el “mercado de la educación pública”
Actualmente el Estado, sobre todo mediante el gobierno federal, ejerce sus poderes coercitivos para establecer y proteger la infraestructura del beneficio privado en la educación pública. En 1994, EE.UU., Canadá y México aprobaron el TLCAN (NAFTA), declarando que la educación pública es una mercancía, no un derecho. Al ir unificándose las corporaciones con el Estado, el gobierno empezó a crear mercados para la adquisición empresarial de la educación pública. Sobre la marcha se incorpora la violencia social. La coerción se privatiza cada vez más.
El gobierno federal ha desempeñado un papel destacado al establecerse las escuelas chárter como mercado para las corporaciones. El programa federal de Obama para financiar las escuelas públicas (Race to the Top) fue el primero en abandonar la igualdad como base para la subvención de programas públicos. Estas políticas efectivamente representan la nacionalización de las escuelas públicas locales en nombre de las corporaciones. Para recibir fondos federales, los distritos estatales y escolares se vieron obligados a crear el mercado de escuelas chárter. Desde 1990, sólo el gobierno federal ha gastado más de $4 mil millones para financiar la industria de las escuelas chárter—fondos robados de las escuelas públicas.
El mercado educativo se separaba en 50 estructuras estatales de evaluación de estudiantes, hasta que el gobierno federal implantó Common Core (Estándares Comunes Estatales) como base, a nivel nacional, de los exámenes de mayor exigencia. Common Core unificó un mercado educativo nacional de kínder a cuarto año al establecer un sistema de medida común para evaluar a todo estudiante. Se valoró inmediatamente en $18 mil millones. Microsoft y Pearson, la gigantesca corporación educativa mundial, pronto inició el proceso de corporatización y privatización del mercado.
Las normas de Common Core se fundan en la documentación de los “Resultados de Aprendizaje de Estudiantes” (SLO, siglas en ingles) que las corporaciones globales exigen para la nueva fuerza laboral mundial. Los SLO ahora se adentran en y alteran la educación en las escuelas municipales universitarias de dos años (Community College) y los estudios superiores. La violencia social y la coerción policial que están generalizándose en las escuelas primarias a secundarias superiores están transformando el sistema escolar, que en lugar de preparar a los niños para participar en la fuerza laboral industrial los adapta al control del Estado. Para todos los que se enfrentan a un futuro sin trabajo, es esta “enseñanza”—no una educación de calidad—que el Estado prepara para sus hijos.
Al quitarle al público el control sobre la educación, el capitalismo emplea reformas con base en el mercado para cerrar escuelas. La expropiación de las escuelas públicas forma parte del plan corporativo de bienes raíces para apoderarse de comunidades enteras. El aburguesamiento y el desplazamiento son la expulsión de la gente de su casa, ya que no pueden afrontar el alza enorme del costo de un hogar. Este trastorno equivale a la violencia social a gran escala.
El gobierno apoyaba la educación superior en la época industrial cuando capacitaba la fuerza laboral intelectual. Ahora que la producción electrónica está reemplazando la mano de obra humana, el gobierno federal ha restringido su apoyo a universidades y estudiantes. Los costos se han aumentado precipidatamente. Este “abandono tóxico” crea el mercado al utilizarse los préstamos estudiantiles para financiar programas educativos y la investigación empresarial en centros universitarios. Mientras tanto, los estudios ya no aseguran un trabajo y 2/3 partes de los graduados que quieren trabajar tienen una deuda estudiantil de por vida.
En México, como en EE.UU., se les están imponiendo a estudiantes y maestros exámenes estandarizados punitivos para el estudiante. Los padres se ven obligados a pagar por todos los gastos de la escuela, mientras que el gobierno vende bonos internacionales creando un mercado para inversionistas privados. La resistencia de decenas de miles de maestros y padres mexicanos a la “reforma educativa” se enfrenta a tropas federales. La violencia autorizada por el gobierno ha causado la muerte de 12 personas y 50 más heridos en México. Esto se conoce como “la militarización de la reforma educativa”.
Quebrado a propósito
En la Cumbre del G20 de 2010 en Toronto, los países capitalistas más poderosos se reunieron para adoptar la política de “austeridad” y trasladar a la clase trabajadora la carga del colapso capitalista mundial del 2008. Las protestas masivas fueron enfrentadas por la mayor movilización policial y militar en la historia de Canadá. La austeridad impuesta por el estado oculta el hecho de que los gobiernos estatales y municipales están “quebrados a propósito”, frase popularizada por el sindicato de maestros de Chicago. Los gobiernos en todos los niveles les dan a las corporaciones más de $170 mil millones al año en reducciones de impuestos. Sólo en 2011, los estados se vieron obligados a reducir los servicios públicos y aumentar los impuestos, en total representando $156 mil millones en su presupuesto.
En todas partes, los gobiernos ahora abogan a favor de soluciones con base en el mercado y asociaciones público-privadas en que el público paga por servicios anteriormente gratuitos y las corporaciones ganan. Al final, tú vas a la quiebra. Todo esto crea el entorno para el nuevo rostro del fascismo norteamericano y la dictadura corporativa: el Administrador de Emergencias impuesto por el Estado (EM, siglas en ingles). Los EM llegaron con poderes dictatoriales para privatizar todo lo que pertenezca al público y venderlo para pagar una deuda. La policía lo hace cumplir.
Las Escuelas Públicas de Detroit (DPS, siglas en ingles) es un ejemplo especialmente detestable de este régimen. Un EM llegó de Flint después de envenenar a 100.000 personas con aguas tóxicas. Su sucesor es el juez de bancarrota de Detroit, quien falló en juicio prévio que el pueblo no tiene derecho al agua. Cuando los EM se hicieron cargo de DPS en 1999, las escuelas tenían un excedente de $93 millones. Hoy tienen un balance negativo de $525 millones.
Los EM ahora se dispersan por el país de diferentes formas. La Ley de Administrador de Emergencias de Michigan sigue siendo la más dura. California ha impuesto “administradores” en las escuelas de Oakland, Compton e Inglewood y Compton Community College. Cuando la agencia privada que acredita el San Francisco Community College provocó una crisis innecesaria, Californio impuso un “Fideicomisario del Estado”. En Georgia, el gobernador propone hacerse cargo de todas las escuelas públicas sirviendo como un Administrador de Emergencia virtual para poder cerrar escuelas por decreto. Y ahora que Puerto Rico se niega a pagar su “deuda” con los fondos de protección (hedge funds), el Congreso le ha impuesto una “Junta de Control Fiscal” para asegurar que se pague en total.
Un movimiento nacional
No pueden verse cambios fundamentales mientras haya tan extenso sistema de fuerza y violencia organizadas defendiendo el control capitalista de la educación en aras del beneficio privado. Cuando el ejército aparece en las calles, como en México, o la violencia policial se organiza en un complejo sistema estatal, como en EE.UU., no hay reforma posible. La situación no puede cambiarse paso a paso con constantes luchas defensivas o resolverse luchando regresivamente hacia “los viejos tiempos”. Exige pasar a la ofensiva políticamente.
Que el gobierno federal organice la corporatización de la educación pública como mercado nacional va de la mano con la fusión de las corporaciones y el Estado. Los gobiernos estatales y locales se convierten en estructuras que aseguran los beneficios corporativos, quitándole al público control de y acceso a la enseñanza mientras canalizan dinero fiscal a las corporaciones. Este proceso es, efectivamente, la nacionalización de la educación pública por parte de la clase capitalista. Vivimos un momento crítico—o las corporaciones siguen destruyendo la sociedad o el pueblo toma control de las corporaciones. En esta lucha, los revolucionarios tienen una contribución especial que aportar—hay que politizar a los combatientes para que vean la necesidad de asumir el poder político en defensa de la educación pública.
No se puede resolver la crisis de la educación pública simplemente luchando en escuela tras escuela o sólo en el distrito escolar. Los gobiernos estatales y municipales no tienen suficiente dinero para cumplir con la responsabilidad de asegurarles a todos una educación de calidad. Por eso el gobierno federal tiene que cumplir la suya, que quiere decir nacionalizar la educación a favor del interés público.
Así, se acaba con la anticuada dependencia local en los impuestos sobre bienes inmuebles o los subsidios estatales. También habría que asegurar la subvención equitativa de la educación pública, sin la segregación histórica de las escuelas norteamericanas. Esta revolución política se empieza procurando que el gobierno, en todos los niveles, rinda cuentas y promueva el interés no de las corporaciones, sino de todo el pueblo. Es responsabilidad del gobierno asegurar todos los aspectos de la vida humana, no garantizar beneficios a corporaciones. No se puede tumbar el poder empresarial sin poner fin al estado jurídico de la educación pública como mercancía. Tampoco se puede despenalizar la educación pública sin una transformación social total.
Hay que cambiar la sociedad para asegurar la propiedad pública de las escuelas a escala nacional de modo que las corporaciones no tengan nada más que ver con el dominio de la riqueza pública. Este paso exige la nacionalización de las corporaciones y la abolición de su poder político. Así se garantiza que la educación pública, al igual que el agua y todos los recursos de la humanidad, sea un fondo público asegurado por el gobierno federal en todo el país y accesible a todos.
Para crear las escuelas públicas que la sociedad requiere, se necesita una nueva sociedad cooperativa que libere el potencial de la educación de manera que todo ser humano pueda realizar al máximo sus capacidades y contribuciones. No hay forma de pasar de la defensiva a la ofensiva sin tal visión programática.
enero-febrero 2017. vol 27. Ed 1
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