2024: Campaña del sindicato National Nurses United demandando “Medicare Para Todos” . Foto – www.nationalnursesunited.org
Por el Comité Nacional de Atención Médica de la Liga
Medicare y Medicaid cumplieron 60 años el año pasado, y la atención sanitaria ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar y luchar por considerar la atención sanitaria un derecho humano, este aniversario es una invitación a reflexionar más profundamente sobre el futuro. La propuesta de «Medicare Para Todos» sigue siendo indispensable, ya que el acceso a la salud nunca debería depender del empleo, la riqueza, el estatus migratorio o los seguros privados. Sin embargo, un seguro universal por sí solo no basta para responder a cuestiones fundamentales: ¿quién es dueño de la infraestructura sanitaria?, ¿quién controla los datos de salud?, ¿quién regula la inteligencia artificial?, ¿quién planifica la fuerza laboral del sector sanitario?, ¿quién garantiza la atención en comunidades abandonadas por el mercado? o ¿quién asegura que la abundancia tecnológica sirva a las necesidades humanas en lugar de a los beneficios especulativos?
La aprobación de Medicare y Medicaid en 1965 se produjo paralelamente a la de las leyes de derecho al voto y de derechos civiles en Estados Unidos. En conjunto, estas reformas fueron fruto directo del movimiento por los derechos civiles estadounidense, un poderoso movimiento social que coincidió temporalmente con los intereses de un capitalismo global en expansión por mantener una fuerza laboral estable. Aquella época ha llegado a su fin.
Durante más de medio siglo desde la implementación de estas reformas, quienes luchan por los derechos humanos fundamentales han entendido nuestra labor como la culminación de un proyecto inconcluso. Medicare debería transformarse en un sistema de «Medicare Para Todos». Medicaid debería fortalecerse en lugar de sufrir recortes. Los seguros médicos vinculados al empleo deberían dar paso a un seguro público universal. La atención sanitaria es un derecho social, no una industria.
Los estadounidenses no se han rendido. En junio de este año, el sindicato National Nurses United (NNU), junto con más de trescientas organizaciones más, instó al Congreso a aprobar finalmente la propuesta de «Medicare Para Todos».
Desde Nueva York hasta Michigan, los votantes están eligiendo a candidatos que abogan por una atención sanitaria universal. Legisladores que van desde el senador Bernie Sanders hasta la representante Pramila Jayapal han hecho de «Medicare Para Todos» su bandera política. Sin embargo, lograrlo exige una evaluación realista de los desafíos actuales, de quiénes somos y de cómo construir un movimiento capaz de estar a la altura de esta tarea.
Ha pasado un año desde que comenzó la implementación del llamado “Big Beautiful Bill” (HR-1), una medida que afecta directamente a Medicaid y a lo que queda del sistema de prestación de servicios de salud en Estados Unidos. Las comunidades estadounidenses, especialmente las rurales, se enfrentan al cierre de hospitales. Mientras se destinan enormes inversiones a los centros de detención del ICE y a los centros de datos de inteligencia artificial (IA), tanto ciudadanos como no ciudadanos ven denegado su acceso a la atención médica. Cualquier contrato social que alguna vez haya existido en Estados Unidos está roto desde hace mucho tiempo.
La reforma sanitaria federal en Estados Unidos se estancó en 2010 con la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare. Si bien la ACA permitió ampliar el acceso al seguro médico, mantuvo a las compañías aseguradoras bajo el control de dicho acceso. Desde entonces, la lucha por la reforma se ha centrado en los niveles estatal y local, al tiempo que el dominio corporativo se ha vuelto cada vez más global.
No se trata de ahorrar dinero. Durante décadas, los reformadores han defendido la idea de que un sistema de salud de «pagador único» resulta mucho más económico que el monstruo tipo Frankenstein en que se ha convertido la prestación de servicios sanitarios en Estados Unidos. Sin embargo, en las seis décadas transcurridas desde la aprobación de Medicare, el sector sanitario se ha transformado en un escenario clave para la acumulación de capital. Los sistemas hospitalarios se han fusionado para formar enormes corporaciones regionales. Las firmas de capital privado adquieren consultorios médicos, residencias de ancianos y servicios de urgencias. Las empresas farmacéuticas ejercen una influencia enorme sobre la investigación y los tratamientos. Las compañías de seguros funcionan cada vez menos como gestoras de la atención sanitaria y más como gestoras de riesgos financieros.
La aplicación de la tecnología digital al sector de la salud ilustra tanto las promesas como los peligros del momento actual. La inteligencia artificial y los sistemas digitales pueden ayudar a diagnosticar enfermedades, reducir la carga administrativa y ampliar el acceso al conocimiento médico. No obstante, cuando el objetivo primordial del capital es recortar costes laborales y maximizar beneficios, la innovación agrava la crisis en lugar de resolverla. La verdadera cuestión radica en quién controla dicha tecnología y a qué intereses sirve; es la política del poder de clase la que determina su uso.
La pandemia mundial de COVID de 2019-2022 mostró al mundo cuán frágil se había vuelto nuestro «no-sistema». El aparato de salud pública de EE. UU., ya muy deteriorado tras décadas de recortes en la promoción de la salud y la prevención a nivel local, logró desarrollar vacunas a tiempo, además de monitorear la situación y ofrecer orientación a la nación. El Congreso aprobó leyes de emergencia para evitar que más estadounidenses perdieran su vivienda, acceso a alimentos y atención médica en comparación con los niveles previos a la pandemia.
Sin embargo, la propiedad privada corporativa sigue imponiendo su ley. Incluso antes de que las muertes en Estados Unidos volvieran a «niveles aceptables», la propaganda fascista estadounidense hizo todo lo posible por socavar la aceptación de la ciencia médica y sanitaria, la salud pública y las necesidades básicas vitales de la población. En el último año aproximadamente, los recortes impulsados por el Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert Francis Kennedy Jr., a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) tienen como objetivo destruir lo que queda del sistema federal de salud pública de Estados Unidos.
Sin embargo, la transformación potencialmente más profunda en la prestación de servicios de salud en Estados Unidos es de índole humana. La atención sanitaria es un motor clave de rentabilidad para el capitalismo, pero también constituye actualmente el sector que más empleo genera en el país.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la fuerza laboral sanitaria considerada «esencial» en Estados Unidos. Los hospitales —especialmente los de carácter lucrativo, que ya operaban con plantillas y recursos insuficientes— salieron de la crisis buscando nuevas formas de recortar aún más los costos laborales; para ello, colaboran con empresas de Silicon Valley con el fin de ampliar los modelos de dotación de personal «justo a tiempo» (*just-in-time*). El modelo de trabajo de plataformas digitales (*gig economy*) está llegando al ámbito sanitario. Empresas como CareRev, ShiftMed, Trusted Health, Nomad Health y connectRN prometen grandes ganancias a los inversores.
La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales —desde la monitorización remota de pacientes y los historiales clínicos electrónicos hasta el diagnóstico asistido por IA— están transformando el sistema y desplazando a los trabajadores. La fuerza y el alcance geográfico de las huelgas de enfermeras registradas durante el último año son una manifestación clave de este proceso. A principios de este año, 20.000 enfermeras de 12 hospitales privados de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga durante cuarenta y un días en protesta por los recortes de personal y la implementación de tecnologías de IA no probadas; se trató de la huelga de enfermeras más grande y prolongada en la historia de la ciudad.
Si bien Estados Unidos puede exportar fábricas, la realidad es que, en lo que respecta a los empleos de servicios y atención, el país no puede exportar su fuerza laboral sanitaria. Durante más de cuatro décadas, el sector de la salud en Estados Unidos ha dependido de lo que tradicionalmente se conoce como el «imperio de los cuidados», importando trabajadores de otros países que, a menudo, destinan una mayor parte de sus recursos nacionales a la formación científica y médica avanzada con el fin de exportar profesionales a Estados Unidos.
Esto ocurre tanto en la prestación de servicios de salud en zonas urbanas como rurales. En el sur rural de Estados Unidos, Trump instó a los gobiernos locales a pagar sumas elevadas para contratar a personal formado en el extranjero y así paliar la escasez de técnicos de laboratorio. En el Valle de San Joaquín, en California, las clínicas locales ya recurren a médicos de la India y Pakistán; asimismo, dada la gran población de habla hispana, la presencia de médicos mexicanos resulta fundamental.
La atención sanitaria se ha convertido en una industria; sin embargo, su propósito declarado no es simplemente crear productos mercantilizados, sino preservar la vida misma. Esta contradicción plantea desafíos enormes, pero también ha creado las condiciones para un amplio movimiento en favor de un cambio transformador real.
Los trabajadores de la salud que se organizan para conseguir convenios colectivos también están adoptando posturas políticas. Exigen plantillas suficientes y seguras, la protección de los hospitales públicos, la defensa de Medicaid, una atención equitativa a los pacientes y la preservación de la integridad científica. Luchan por impuestos a los multimillonarios para financiar la atención sanitaria y retiran fondos sindicales de Israel en rechazo al bombardeo de hospitales en Gaza. Asimismo, se unen a organizaciones comunitarias que abogan por la salud mental comunitaria, la justicia sanitaria, la consigna «Cuidados, no policías» (*Care not Cops*) y la abolición del ICE.
Estas iniciativas reflejan estrategias colectivas de autoprotección. También reflejan el surgimiento de una conciencia social y política sobre las contradicciones de nuestra sociedad y lo que se requiere para crear una sociedad verdaderamente cooperativa. Los ataques contra los cuidadores inmigrantes han generado conflictos entre trabajadores y comunidades inmigrantes y no inmigrantes, pero también han comenzado a dar forma a un movimiento hacia la unidad de clase.
La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los hospitales de EE. UU. se ha convertido en un tema central en el entorno laboral para el personal hospitalario y los pacientes. Los trabajadores de la salud se sienten traumatizados y temerosos de acudir al trabajo, además de indignados por la presencia de agentes del ICE en la habitación mientras atienden a los pacientes, algo que contraviene toda ética médica. La reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los trabajadores de atención domiciliaria haitianos y sirios está provocando sentimientos de ira y abandono entre los pacientes estadounidenses de edad avanzada y con discapacidad.
La fuerza laboral del sector sanitario constituye hoy uno de los ámbitos más grandes y diversos del mundo del trabajo en Estados Unidos. Nos planteamos cómo la tecnología puede fortalecer, en lugar de reemplazar, las relaciones basadas en el cuidado. Insistimos en que los cuidadores inmigrantes son miembros de nuestras comunidades, no mano de obra desechable. Medimos el éxito económico no solo por el crecimiento financiero, sino por la posibilidad de que las personas lleven vidas sanas y con sentido. Entendemos la salud pública como una responsabilidad democrática.
La lucha por un sistema de salud universal («Medicare para todos») ha llegado a un punto de inflexión histórico. ¿Seguirá siendo la atención sanitaria principalmente una mercancía que se adquiere en el mercado, o se convertirá en un compromiso social articulado en torno a las necesidades humanas? ¿Podemos imaginar y construir en Estados Unidos un sistema de cuidados de titularidad y gestión públicas?
La respuesta dependerá de si logramos construir un movimiento cuya visión esté a la altura de las transformaciones que actualmente están reconfigurando nuestro mundo. Para quienes hemos dedicado la vida a cuidar de los demás, esa tarea es profundamente social y política. Y bien podría ser una de las responsabilidades democráticas que definan a nuestra generación.
Véase este video sobre la lucha por «Medicare Para Todos»:
https://vimeo.com/showcase/5783489?video=505812996
Publicado el 26 de agosto de 2026.
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